Bolivia y la UNODC fortalecen su cooperación en la prevención y el combate del tráfico ilícito de armas de fuego y delitos conexos

La Paz, 13 de mayo de 2019 (Naciones Unidas).- El Ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, el Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en Bolivia, Thierry Rostan, y la Jefa del Programa Mundial de Armas de Fuego, Simonetta Grassi, firmaron hoy una carta de entendimiento para formalizar la adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al "Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones" (Protocolo sobre armas de fuego) de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la UNODC, junto a su Programa Mundial sobre Armas de Fuego (PAF), intensificarán, de esta manera, su colaboración en la prevención y el combate del tráfico ilícito de armas de fuego, gracias al financiamiento de la Unión Europea.

En su intervención, el Representante de la UNODC en Bolivia afirmó que el problema del tráfico ilícito y el uso indebido de las armas de fuego representan una grave amenaza para la seguridad humana y la estabilidad social y un serio obstáculo para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por su lado, la Jefa del Programa Mundial sobre Armas de Fuego señaló la urgencia e importancia de abordar este fenómeno de una manera integral y de prevenir el acceso de las armas al crimen organizado transnacional, de cuyo tráfico se nutre.

Por su parte, el Ministro de Gobierno dijo que la adhesión de Bolivia al Protocolo sobre armas de fuego permitirá al país el fortalecimiento y actualización de su normativa acerca del tráfico ilícito de armas de fuego, participar del asesoramiento técnico en mecanismos para mejorar las condiciones de seguridad del Estado, mejorar el intercambio de información estratégica y establecer las nuevas rutas empleadas por el crimen organizado.

El Programa fue lanzado en 2011 con fondos de la Unión Europea y el objetivo principal de "contrarrestar el tráfico de armas de fuego y sus nexos con el crimen organizado transnacional a través de la implementación de la Convención de Palermo y su Protocolo adicional sobre Armas de Fuego". El PAF asiste a países de América Latina y África en cinco áreas prioritarias: (i) apoyo legislativo y asesoría jurídica; (ii) apoyo a la puesta en marcha de medidas preventivas de control de las armas y municiones, su registro, marcaje, aseguración, recolección y destrucción segura; (iii) fortalecimiento de la capacidad del sistema de justicia penal para la detección, la investigación y la judicialización del tráfico de armas y sus delitos conexos; (iv) fortalecimiento de la cooperación regional e internacional; (v) monitoreo de las corrientes ilícitas de las armas a través de la recolección y el análisis de datos sobre armas.

Desde 2012, el Programa brinda asesoramiento técnico y legislativo, capacitaciones en materia de investigación y enjuiciamiento al tráfico de armas de fuego y delitos conexos, así como el fomento de la cooperación y el intercambio de información a nivel regional, interregional e internacional, en países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. En 2015, el Programa Mundial publicó su primer Estudio de Armas de Fuego con el apoyo y la participación de la mayoría de los países de esta región. La Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) dio mandato a la UNODC de continuar recolectando y analizando estos datos de forma regular, con el fin de identificar y monitorear las corrientes de tráfico ilícito y lograr la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Estado Plurinacional de Bolivia, concienciado sobre la problemática de las armas y con la finalidad de garantizar la convivencia pacífica y la vida de las personas; prevenir, luchar y sancionar los delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y otros delitos conexos, sancionó, en septiembre de 2013, la Ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, (Ley 400). Posteriormente, dicha ley fue acompañada por una serie de normas reglamentarias y acciones que mejoraron el control, fiscalización, registro y detección del tráfico, entre otras.

Por otro lado, en el Salón Andrés Ibáñez de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, la UNODC y los asambleístas realizaron en la tarde del 13 de mayo un taller legislativo referente a la "Promoción de la Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones".

En la Asamblea Legislativa, el Representante de la UNODC sostuvo que "el tráfico ilícito de armas de fuego es una amenaza multidimensional y transnacional, que puede afectar de manera significativa a la seguridad humana y la estabilidad social, y que frecuentemente está asociada a otras formas graves de criminalidad, como el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo".

Con la participación de Bolivia en esta segunda etapa, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la UNODC busca consolidar e intensificar su cooperación al país, haciéndola extensiva a instituciones como el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, el Órgano Judicial y la Asamblea Plurinacional en sus respectivos ámbitos y funciones, con el fin de seguir apoyando al Estado en sus esfuerzos de fortalecer su sistema nacional de control de armas y la lucha contra su fabricación y tráfico ilícitos, y sus nexos con la criminalidad organizada, realizando acciones a corto y mediano plazo.