Declaración de Naciones Unidas en Salvador (Brasil), 2010, pide una reforma de la justicia penal que salvaguarde los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo

 

Finalizó el 12 º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en la ciudad de Salvador, Brasil, con la adopción de una Declaración que insta a los Estados miembros a adaptar sus sistemas de justicia penal al mundo cambiante. El Congreso, que se celebra cada cinco años, tuvo lugar del 12 al 19 de abril. En él participaron representantes de más de 100 países, de organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales. Además de las reuniones con Gobiernos y de las de elaboración de la Declaración, se llevaron a cabo varias reuniones adjuntas para tratar una amplia gama de temas relacionados con la justicia penal.

"El legado de Salvador es que a menos de que exista una cooperación entre la justicia internacional, el mundo no podrá lograr la meta de dar seguridad y justicia a los pueblos", señaló Romeu Tuma jr., Secretario Nacional de Justicia de Brasil. "Esperamos que a partir de la declaración de Salvador, las palabras se conviertan efectivamente en acciones".

En la Declaración, los Estados miembros subrayaron la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos dentro de las acciones de prevención del delito y la administración de justicia penal. "Como seres humanos, así como miembros de naciones civilizadas, tenemos la responsabilidad compartida de ubicar a los derechos humanos en el centro del sistema de justicia", afirmó el Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio María Costa.

El Congreso examinó el impacto de la delincuencia en la seguridad y el bienestar de las sociedades. "No puede haber seguridad ni desarrollo sin justicia", dijo Costa, quien agregó que "prevención del delito y justicia penal no son fines en sí mismos, sino que buscan la creación de sociedades más seguras y prósperas".

Los Estados miembros declararon también que están "altamente preocupados por el impacto negativo de la delincuencia organizada en materia de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la seguridad y el desarrollo, así como por la sofisticación, la diversidad y los aspectos transnacionales de la delincuencia organizada y sus vínculos con otras actividades criminales y, en algunos casos, terroristas.

"El crimen organizado se ha convertido en un negocio de dimensiones macro-económicas, comparable a los ingresos nacionales de muchos países y al volumen de los negocios de las empresas más grandes del mundo", advirtió Costa.

Por la naturaleza transnacional de la delincuencia organizada, los Estados miembros pidieron una mayor cooperación internacional, así como la asistencia judicial recíproca y el intercambio de información, para parar la actividad ilícita y llevar a los criminales ante la justicia. Hicieron hincapié en la necesidad de hacer un uso más eficaz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, adoptada en Palermo hace una década. Próximamente habrá una sesión de las partes firmantes de la Convención de Palermo, en octubre, en Viena. Al respecto, Costa hizo un llamado a los Estados miembros "para que implementen un mecanismo de revisión con el fin de medir los progresos y determinar las necesidades de apoyo" a la Convención de Palermo.

Uno de los principales temas del Congreso -y que tuvo eco en la Declaración de Salvador- es que los Estados miembros tendrán que adaptar sus sistemas de justicia penal a los nuevos tiempos. Por ejemplo, se pidió una revisión de las normas de las Naciones Unidas y las normas en materia de prevención del delito y justicia penal, para considerar su actualización y complemento.

Éstos se deben centrar en el uso de nuevas tecnologías para luchar contra la delincuencia; como, por ejemplo, frustrar los delitos cibernéticos, el lavado de dinero y el tráfico de personas.

También se revisaron métodos de lucha contra nuevas formas de delincuencia, como el crimen medioambiental, la delincuencia relacionada con la identidad, la piratería de material digital y la ciberdelincuencia.

"Estas son amenazas realmente difíciles de rastrear: viajan como bytes, disfrazadas de transacciones lícitas. Y el origen de esta dificultad radica en la definición de una jurisdicción. Sin embargo, su complejidad no debe ser un elemento disuasorio, puntualizó Costa.

Finalmente los Estados miembros acogieron con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Qatar para celebarr allí la próxima (13 ª) versión del Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en el año 2015.

La próxima reunión de la ONU relacionada con el tema del delito será la de la Comisión en Prevención del Delito y Justicia Penal que tendrá lugar en Viena, entre el 17 y 21 mayo de 2010. El tema principal será cómo detener el tráfico de bienes culturales.

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Message from Secretary-General Ban Ki-moon to the Twelfth Crime Congress
UNODC Executive Director Antonio Maria Costa's Speech
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