"Programa contra cultivos ilícitos de Acción Social ha invertido más de dos billones de pesos"
PROGRAMA CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS DE ACCIÓN SOCIAL HA INVERTIDO MÁS DE DOS BILLONES DE PESOS
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En el año 2008, los Grupos Móviles de Erradicación lograron limpiar de cultivos de marihuana, coca o amapola, 95 mil 854 hectáreas.
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Desde 2003, el Programa Familias Guardabosques ha vinculado 106 mil 826 familias. Hoy, después de erradicar sus cultivos ilícitos voluntariamente, desarrollan proyectos productivos.
Bogotá, enero 16 de 2009.- La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL - a través de su Programa contra Cultivos Ilícitos, PCI, contribuye con los esfuerzos nacionales de lucha contra las drogas ilegales. Esta tarea abarca la erradicación voluntaria y forzosa de los cultivos ilícitos, la prevención de su expansión y la sustitución de los mismos con proyectos agrícolas y forestales.
Para cumplir con su misión, el PCI cuenta esencialmente con tres componentes: Familias Guardabosques, Proyectos Productivos (sustitución voluntaria de cultivos ilícitos) y Grupos Móviles de Erradicación (eliminación manual forzosa de cultivos de marihuana, coca o amapola).
Entre los años 2003 y 2008, esta estrategia ha invertido más de un billón 48 mil millones de pesos del Presupuesto Nacional y ha gestionado ayudas extranjeras por un billón 171 mil millones de pesos. Es decir, que en estos seis años, el PCI ha destinado cerca de dos billones 220 mil millones de pesos a la lucha contra los cultivos ilícitos.
Este programa ha contado con el apoyo de cooperantes internacionales, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y la Embajada del Reino de los Países Bajos.
Familias Guardabosques apoya a hogares campesinos, indígenas o afrocolombianos, ubicados en ecosistemas social y ambientalmente estratégicos, que se han visto afectados o que estén amenazados por los cultivos ilícitos y que deseen erradicarlos, para que adelanten alternativas productivas legales, reciban un incentivo económico y aprendan la cultura del ahorro.
Desde su creación, en el año 2003, Familias Guardabosques ha hecho presencia en 121 municipios de 23 departamentos. En este proceso, ha vinculado 106 mil 826 familias, de las cuales 67 mil 796 hoy se encuentran activas, en proceso de acompañamiento y pago del incentivo económico condicionado. Durante estos años, el ahorro de las familias activas se acerca a los 69 mil 600 millones de pesos.
Por su parte, el componente de Proyectos Productivos tiene como objetivos establecer proyectos autosostenibles y rentables de mediano y largo plazo, ofrecer alternativas lícitas y estables de empleo e ingresos y garantizar la seguridad alimentaria de los campesinos y comunidades mediante el uso de los recursos naturales.
Esta iniciativa, que se financia con Presupuesto Nacional y en gran parte con recursos de cooperación de Estados Unidos, ha invertido más de un billón 224 mil millones de pesos, para apoyar y establecer 441 mil 817 hectáreas con proyectos legales, permitiéndole a 630 mil 647 familias iniciar una nueva vida.
Gracias a estos dos componentes de desarrollo alternativo, hoy el PCI puede certificar que cuatro millones 239 mil 742 hectáreas se encuentran libres de cultivos ilícitos.
Los Grupos Móviles de Erradicación (GME), entre tanto, recorren palmo a palmo los campos colombianos erradicando forzosamente los cultivos ilícitos. El año inmediatamente anterior, estos hombres, llegados de todos los rincones del país, alcanzaron la cifra de 95 mil 854 hectáreas erradicadas.
Las estadísticas muestran que en el año 2005 se erradicaron 33 mil 419 hectáreas; en 2006, 43 mil 51 hectáreas; en 2007, 66 mil 803 hectáreas; y en 2008, 95 mil 854 hectáreas. Además de los GME, en esta tarea colaboran hombres de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de la Armada Nacional.
En su peligrosa labor, estos grupos, compuestos cada uno por 31 hombres, entre erradicadores, rancheros y capataces, cuentan con el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública. En 2008, 25 muchachos civiles perdieron la vida por minas antipersona, uno por hostigamientos y 16 por accidentes o causas naturales.
VERIFICACIÓN INTERNACIONAL
En Colombia, Naciones Unidas a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, UNODC, fiscaliza y monitorea los avances de la erradicación de los cultivos ilícitos. Además, hace seguimiento a los proyectos de desarrollo alternativo que se llevan a cabo en el territorio nacional.
En un reciente informe, presentado por el Director de esta oficina, Aldo Lale-Demoz, se indica que "la tendencia de los últimos años, sigue positiva con respecto a los resultados del desarrollo alternativo y al mejoramiento a la calidad de vida de las poblaciones afectadas por los cultivos ilícitos".
Sobre Guardabosques, se señala que sigue perfilándose como un mecanismo ágil y eficaz para logar zonas libres de cultivos ilícitos, promover el desarrollo y proteger el medio ambiente, que según la oficina, es "nuestro patrimonio global".
Gracias a la información recolectada en terreno por 24 encuestadores experimentados de la UNODC, quienes entrevistaron a quince mil beneficiarios, aseguran que Familias Guardabosques ha logrado atender al 34 por ciento de las familias que estuvieron vinculadas de manera directa con los cultivos ilícitos y al 66 por ciento de las familias en riesgo de establecer algún tipo de relación con estas actividades ilegales.
En cuanto a los Proyectos Productivos, el informe señala que "como estrategia de las familias para acceder a ingresos legales, estos han ido aumentando paulatinamente. Resultado extremadamente positivo".
La UNODC destaca, igualmente, que es cada vez menor el número de arrendatarios que hacen parte de Familias Guardabosques, pues concluyó que hoy el 30 por ciento de estas familias son propietarias. A pesar de los resultados, expresa que se requieren acciones aún más decididas que conduzcan a la titulación de las tierras.
UNODC también se refiere a los Grupos Móviles de Erradicación. En tal sentido, destaca el gran esfuerzo de los GME que participan con el 85 por ciento del total de las hectáreas erradicadas manualmente, correspondiendo el restante 15 por ciento al Ejército Nacional, la Policía Nacional y a la Armada Nacional.
NUEVOS RETOS
Desde el año 2006, por petición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y gracias a los resultados obtenidos en la región del Urabá antioqueño y chocoano, el PCI lidera el proyecto piloto Gerencia Social de Urabá, que reincorpora a la vida civil a desmovilizados del antiguo Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas campesinas.
En esta nueva etapa de sus vidas, los desmovilizados, que trabajan con la Gerencia, constituyeron la Cooperativa Constructores de Paz, Construpaz. A través de esta cooperativa, han establecido diferentes proyectos productivos, financiados con ahorros de la ayuda humanitaria que reciben del Gobierno por cumplir con sus compromisos.
Así, con la cofinanciación del PCI, los ahorros y el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han venido implementando el Proyecto Guardagolfos, que abarca tres líneas productivas: pesca artesanal, artesanías y turismo rural.
En el Proyecto Guardagolfos y en las iniciativas de arreglos forestales con caucho, se han invertido más de cuatro mil 288 millones de pesos, beneficiando en Urabá a 498 familias.
Adicionalmente, se han establecido dos grandes proyectos de caucho en Antioquia (Yohi) y Chocó (Unguía), para la plantación de un total de 600 hectáreas, de las cuales, ya se encuentran sembradas 90 hectáreas.
De igual manera, en la población antioqueña de Arboletes se adelantan dos proyectos autogestionados: uno de ebanistería y otro de tránsito. Allí, se benefician 27 familias, que además de organizarse, reciben capacitación técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Teniendo en cuenta que las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos presentan altos índices de analfabetismo, altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y carencias significativas en materia de infraestructura vial y de servicios, los retos para los próximos años son grandes.
El Programa contra Cultivos Ilícitos se propone en los próximos dos años fortalecer el modelo de desarrollo alternativo, recogiendo las lecciones aprendidas. Además, profundizará en las gestiones de erradicación forzosa y control de la resiembra, para mejorar la efectividad de los procesos, gestionando recursos de cooperación nacional e internacional. Con ello, buscará facilitar la atención a las comunidades después del paso de los GME y buscará mejorar la educación, los equipos y la indumentaria de los erradicadores para su protección contra las minas antipersona.
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