Este módulo es un recurso para los catedráticos
Corrupción y democracia
Por lo general, las democracias bien establecidas presentan niveles más bajos de corrupción en comparación con los regímenes autoritarios o las nuevas democracias (Montinola y Jackman, 2002; Warren, 2004). Sin embargo, solo el hecho de que un régimen sea democrático no asegura la ausencia de corrupción (Kramer, 2018; Kube, 2017; Seldadyo y De Haan, 2011; Uslaner y Rothstein, 2016). Por ejemplo, la corrupción se puede manifestar en democracias cuando estas carecen de transparencia respecto al financiamiento de los partidos políticos y de campañas, cuando tienen leyes obsoletas vinculadas a la libertad de información, cuando no brindan suficiente protección a los denunciantes o cuando tienen medios de comunicación poco confiables. Además, la corrupción, o al menos la percepción que se tiene de ella, suele aumentar conforme los países comienzan a desarrollar procesos democráticos. Como explican Pring y Vrushi (2019), «los países que recientemente adoptaron un sistema de Gobierno democrático, por lo general, no han desarrollado mecanismos efectivos de anticorrupción e integridad, por lo que se encuentran atascados en un ciclo con altos niveles de corrupción e instituciones democráticas deficientes».
Utilizando una tabla con 103 países por un periodo de cinco años, Sung (2004) descubrió que, conforme los países se vuelven más democráticos, los niveles de corrupción primero disminuyen, luego aumentan y posteriormente vuelven a disminuir. Se trata de una combinación de las crecientes oportunidades económicas en forma de rentas que se deben captar (Menes, 2006) y de la incapacidad de las instituciones gubernamentales para establecer mecanismos adecuados de control y supervisión sobre estas nuevas oportunidades (Schneider, 2007). Andvig (2006) explica, además, que la corrupción se manifiesta en lugares que experimentan «cambios rápidos», como en las economías de rápido desarrollo, en los países poscomunistas o en aquellos que se encuentran en transición de un Gobierno autoritario a uno democrático, donde las necesidades institucionales cambian súbitamente y los incentivos específicos para cada situación comprenden una creciente incertidumbre. Con el tiempo, a medida que los Gobiernos desarrollan sus instituciones y capacidades, la corrupción tiende a disminuir. Sin embargo, este no siempre es el caso. Diversos estudios muestran que la corrupción existe incluso en las democracias más estables y exitosas (Pring y Vushi, 2019; para una reflexión crítica, consulte Stephenson, 2019).
Por tanto, aunque la democracia sea vista como un sistema preferible para combatir la corrupción, no es el sistema en sí, sino las instituciones, los actores y los procesos políticos específicos los que tienen un efecto contra la corrupción al servir como mecanismos de control, incluyendo el papel de los diferentes partidos políticos. Cuando hablamos sobre la corrupción y la democracia, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de sistemas democráticos en el mundo, desde una democracia liberal hasta una democracia socialista, así como una democracia directa e indirecta. Los diferentes sistemas democráticos pueden experimentar diferentes formas y niveles de corrupción. No obstante, como se discutirá con más detalle a continuación, los riesgos de corrupción son usualmente mayores en los sistemas autoritarios (o autocracias), los cuales suelen caracterizarse por tener un Poder Ejecutivo definido de manera informal, un limitado pluralismo político, control sobre los medios de comunicación, así como por violar los derechos humanos y reforzar el poder militar del régimen. Estas características de las autocracias hacen que la movilización social, un aspecto clave para luchar contra la corrupción, sea más difícil. Para más información sobre la participación ciudadana en los esfuerzos de lucha contra la corrupción, consulte el Módulo 10 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.
Rendición de cuentas horizontal y vertical
Según el institucionalismo (el estudio de la política a partir de las instituciones gubernamentales formales), los factores que tienen un mayor efecto inhibidor en el nivel de corrupción de un país son el carácter, el diseño y la transparencia del sistema político y sus instituciones. Para comprender mejor esto, se realiza una distinción entre la rendición de cuentas horizontal y vertical. La rendición de cuentas horizontal se relaciona con los mecanismos formales que se instalan en el Gobierno para supervisar la buena gobernanza y proporcionar un sistema de control y equilibrio. Estos mecanismos a menudo son designados o financiados por el Gobierno y, por tanto, puede que no ofrezcan los mejores incentivos o no desarrollen sus mejores capacidades para hacer frente a la corrupción en el Gobierno.
Por otro lado, la rendición de cuentas vertical se refiere a la rendición de cuentas de los Gobiernos a sus ciudadanos, que, en su mayoría, se realiza mediante las elecciones. Ya que las democracias y los regímenes híbridos dan a sus ciudadanos el poder de elegir a sus líderes políticos, los funcionarios electos que se ha demostrado que son corruptos pueden ser «castigados» por sus acciones al no ser electos en las próximas elecciones (Abed y Gupta, 2002; Bågenholm y Charron, 2015). Sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que las elecciones «democráticas» pueden ser manipuladas o verse afectadas negativamente por regímenes opresivos. Además, existen muchas formas sutiles de influir en las elecciones democráticas (para acceder a un estudio de estas formas de corrupción, consulte Stockemer, 2018).
Todo esto junto nos brinda la noción de separación de poderes, la cual incluye mecanismos de control y equilibrio, competencia electoral, elecciones libres y justas, y control judicial, que limitan y disminuyen las acciones deshonestas (Dahlström, Lapuente y Teorell, 2012; Holmberg y Rothstein, 2015). Al mismo tiempo, siguiendo con la discusión sobre el institucionalismo, cabe mencionar que la relación entre la corrupción, las instituciones, los sistemas políticos, la cultura y el género es muy compleja (Debski y otros, 2018; Stensöta, Wängnerud y Svensson, 2015). Algunas de las investigaciones que ilustran esta complejidad se presentan en el Módulo 8 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.
Votantes: falta de conocimiento, inconsistencia y compensaciones
A pesar de las garantías que los sistemas democráticos e híbridos proporcionan contra la corrupción, los ciudadanos a menudo no aprovechan sus derechos plenamente y no utilizan las elecciones para expresar el descontento general y «castigar» a los políticos corruptos en las urnas (Johnston 2013). En este contexto, «castigar» no hace referencia a las consecuencias legales, administrativas y civiles asociadas con la penalización de la corrupción (para mayor información, consulte sobre la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción en el documento de trabajo de la UNODC del 2015). Más bien, se entiende como «buscar activamente la no elección o la destitución» de un político. Por un lado, los ciudadanos expresan en su mayoría un claro rechazo hacia la corrupción y juzgan negativamente a los políticos involucrados en actos corruptos. Por otro lado, hay cierta evidencia de que los ciudadanos tienden a priorizar a los representantes competentes que «hacen su trabajo» y «cumplen lo prometido» por sobre los representantes honestos (Pattie y Johnston, 2012; Allen, Birch y Sarmiento-Mirwaldt, 2018). Como tal, la capacidad electoral para expulsar a los políticos corruptos es limitada y depende de muchos factores.
Estudios empíricos ofrecen diferentes explicaciones sobre la falta de conocimiento, apatía y decisiones de los votantes para no rechazar de forma activa a un político o partido corrupto en las urnas. Estas explicaciones van desde los bajos niveles de conciencia política de los ciudadanos, la falta de transparencia e información sobre las malas acciones, el partidismo, la debilidad de las instituciones, la incapacidad de los votantes para monitorear y cuestionar de manera efectiva las acciones de los políticos hasta los problemas emergentes de saturación o sobrecarga de información (Vivyan, Wagner y Tarlov, 2012; Zechmeister y Zizumbo-Colunga, 2013). En los siguientes párrafos, se examinan diferentes hipótesis que tratan de explicar el comportamiento de los votantes al elegir funcionarios corruptos. La discusión se basa en descubrimientos empíricos que suelen ser generales por naturaleza. Por tanto, se aconseja a los estudiantes que tengan cuidado en cómo utilizan los hallazgos y que eviten las generalizaciones sobre los votantes y la corrupción.
Aparte de la hipótesis de inconsistencia, que implica que los patrones de votación de los ciudadanos en los diferentes niveles de las elecciones no siempre son consistentes, la hipótesis de información es una de las principales explicaciones de por qué los votantes no necesariamente rechazan en las urnas a los políticos corruptos. Esta hipótesis sugiere que cuando los votantes carecen de información acerca de las acciones corruptas de los candidatos, apoyan a los políticos corruptos. Esto coincide con la investigación de Klašnja (2017), donde se evidencia que, en las últimas décadas, más del 60 % de los congresistas de los Estados Unidos involucrados en escándalos de corrupción han sido reelegidos. Sus hallazgos indican que mientras más conscientes son los votantes acerca de la política, es menos probable que apoyen a políticos corruptos. Simultáneamente, el partidismo podría mitigar la diferencia entre los votantes con un mayor o menor grado de consciencia acerca de la política, ya que aquellos más conscientes suelen tener una naturaleza más partidaria y, por tanto, estar más dispuestos a perdonar a los políticos corruptos. Este fenómeno también concuerda con la hipótesis de partidos y candidatos que sugiere que los votantes suelen diferenciar entre partidos y candidatos. Ello significa que los votantes no solo consideran las habilidades y el desempeño individual de los candidatos, sino que el partido por el cual postulan podría ser el factor más importante para su decisión de voto (Anduiza Gallego y Muñoz, 2013; Cobb y Taylor, 2015).
Por otro lado, la hipótesis de la compensación implica que los votantes esperan que el conjunto de beneficios de las acciones de un político en el Gobierno sea mayor a los costos de sus acciones corruptas y otras actividades ilegales. La idea de esta hipótesis es que (a pesar de las diferencias individuales entre las personas) es más probable que los ciudadanos voten por un político que es corrupto pero competente, a que voten por uno que es honesto pero incompetente. En otras palabras, los ciudadanos perciben una «compensación» entre las reformas contra la corrupción y otros objetivos deseables, tales como aumentar el bienestar local, atraer la inversión local o mejorar la seguridad (Fernández-Vázquez, Barberá y Rivero, 2016; Zechmeister y Zizumbo-Colunga, 2013). Otra explicación sobre la falta de conocimiento de los votantes es la hipótesis de la lealtad, que está relacionada con el hallazgo de que «los votantes de derecha son más leales y fieles que los de izquierda» (Jiménez y García, 2018). Finalmente, en este contexto, conviene tener en cuenta cómo se está aprovechando la corrupción como un tema para ganar elecciones, incluso por parte de líderes corruptos que son electos por prometer luchar contra la corrupción. Los votantes sienten que están rechazando a un Gobierno corrupto, cuando, en realidad, el nuevo Gobierno también lo es. Para mayor información sobre cómo los mecanismos psicológicos, los contextos y las situaciones pueden tener un impacto adverso en la capacidad de las personas para ser éticas y, por ejemplo, resistirse a la corrupción, consulte el Módulo 6, el Módulo 7 y el Módulo 8 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Integridad y Ética.
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