Este módulo es un recurso para los catedráticos  

  

Causas de la corrupción en el sector público

 

Hay una variedad de factores a nivel de país que han tenido un impacto en la manera en la que funcionan los Gobiernos y sus servicios, que a su vez influencia la existencia y preponderancia de la corrupción en el sector público. Una lista no exhaustiva de factores incluye:

  • Tamaño del país: Las investigaciones demuestran que los países que son geográficamente grandes y tienen una baja densidad poblacional pueden ser más propensos a la corrupción por la gran cantidad de dificultades que se tiene para monitorear a los funcionarios públicos en ubicaciones dispersas (Goel y Nelson, 2010).
  • Antigüedad del país: Los países independizados recientemente, o aquellos que acaban de pasar de regímenes autoritarios a democracias, pueden enfrentar más corrupción a causa de, por ejemplo, sistemas de gobernanza subdesarrollados u oportunidades de búsqueda de rentas creadas por la privatización de los activos del Estado (Goel y Nelson, 2010). En el contexto de la corrupción, búsqueda de rentas significa incrementar la propia riqueza haciendo uso de los recursos públicos sin crear nueva riqueza para el Estado.
  • La maldición de los recursos: El monopolio del sector público en la distribución y asignación de derechos a los recursos naturales permite que se aprovechen las oportunidades económicas para fines corruptos. El sitio web del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales recalca que «dada su naturaleza altamente concentrada y rentable, las industrias del petróleo, gas y minería pueden generar el tipo de incentivos políticos y privados que favorecen la búsqueda de rentas y la captura institucional (o del Estado)». En efecto, los datos muestran que muchos países ricos en recursos sufren de mala gobernanza y corrupción sistémica (Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales, 2019).
  • Inestabilidad política: La estabilidad política está asociada con niveles bajos de corrupción, mientras que la probabilidad de que exista corrupción es más alta en entornos con inestabilidad política (Lerman, Loayza y Soares, 2005). La falta de estabilidad en las transiciones a un nuevo Gobierno electo está particularmente asociada con la corrupción en el sector público. La administración partisana, en particular, puede ser la causa de corrupción en algunos países. Para una mayor discusión acerca de la corrupción, consulte el Módulo 11 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.
  • Salarios: También se cree que los salarios bajos y la pobreza resultante en el sector público contribuyen a la corrupción en algunos países (Tanzi, 1998).
  • Ausencia del Estado de derecho: La anarquía o un deficiente Estado de derecho es un contribuyente importante a la corrupción a nivel gubernamental. La probabilidad de que ocurran actos corruptos puede aumentar en lugares donde el sistema legal es incapaz de sancionar a aquellos funcionarios que participan en la corrupción (La Porta y otros, 1999; Treisman, 2000). Además, los riesgos de corrupción son más altos en países con derechos a la propiedad menos seguros, pues se usan los medios corruptos para garantizar la seguridad de estos derechos cuando el sistema legal es incapaz de hacerlo (Dong y Tongler, 2011).
  • Fracaso de la gobernanza: Shah (2006) sostiene que la corrupción en el sector público es el resultado del fracaso de la gobernanza. Una gobernanza deficiente puede surgir de una gestión del sector público de baja calidad, de la falta de rendición de cuentas, de una mala relación entre el Gobierno y la ciudadanía, de un marco legal débil, de la falta de transparencia con respecto a los procesos en el sector público y de una poca difusión de la información. La falta de competencia y capacidad debida a una capacitación inadecuada también contribuye al fracaso de la gobernanza. La relación entre una buena gobernanza y la corrupción se discute más detalladamente en el Módulo 2 [L2] de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.
  • Tamaño del gobierno: Las investigaciones presentan hallazgos variados sobre la relación entre la corrupción y el tamaño del Gobierno. Según Goel y Nelson (2010) y Rose-Ackerman y Palifka (2016), mientras más grande sea el gobierno, habrá más oportunidades para que los funcionarios busquen rentas. En cambio, Gerring y Thacker (2005) encuentran que el tamaño del gobierno no tiene correlación con mayores niveles de corrupción. Una conclusión a la que se puede llegar gracias a los hallazgos variados de las investigaciones es que la relación entre la corrupción y el tamaño del gobierno depende de otros factores, tales como el tipo de régimen, la estabilidad política y la estructura del gobierno (p. ej. federal versus centralizado).
  • Naturaleza de la burocracia: Tanzi (1998), Kaufman y Wei (1999) y Goel y Nelson (2010) concluyen que la burocracia gubernamental y la intervención del gobierno en la economía promueven la corrupción. Tanzi (1998) afirma también que «la existencia de regulaciones y autorizaciones da un cierto poder de monopolio a los funcionarios que deben autorizar o inspeccionar la actividad». También especifica la calidad de la burocracia como un factor importante en la corrupción.
  • Gasto público a nivel local: Un estudio de Corrado y Rossetti (2018) aborda la corrupción pública en varias regiones de Italia. Mediante el uso de un conjunto de datos regionales sobre delitos de corrupción de funcionarios públicos, combinados con variables demográficas y socioeconómicas, encontraron que la extensión del gasto público a nivel local explica la corrupción, pero que las condiciones socioeconómicas y culturales también importan. Sus hallazgos sugieren que «las regiones que históricamente han dado menos importancia a erradicar la corrupción pueden estancarse en un círculo vicioso de niveles más altos de corrupción» y que «es menos probable que las personas que residen en regiones donde la corrupción es más alta y persistente estén satisfechos con los servicios públicos».
  • Capital social: El capital social se refiere a los «vínculos, valores compartidos y conocimientos en la sociedad que permiten que las personas y grupos se tengan confianza mutua y así trabajen juntos» (OECD, 2007c, pág. 102). El estudio de Corrado y Rossetti (2018) halló que las regiones con más capital social son más propensas a tener menores niveles de corrupción. Sus resultados confirman los estudios realizados por Paldam y Svendsen (2002) y Bjørnskov y Paldam (2004), quienes reportan que los niveles altos de capital social están relacionados con menos corrupción, aunque no está claro si el capital social conduce a menos corrupción o si poca corrupción conduce a más capital social.
  • Proyectos únicos grandes: Locatelli y otros (2017) analizan diferentes tipos de corrupción y proyectos que son propensos a la corrupción. Sus hallazgos sugieren que cuando los actores públicos desempeñan una función clave en «proyectos únicos grandes» -es decir, proyectos de financiación pública que ocurren una vez y no tienen un predecesor que dé orientación- es más probable que estos proyectos se vean afectados por la corrupción, en comparación con proyectos más pequeños y rutinarios.
  • Conflictos de intereses: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2003) definió el conflicto de intereses como «un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público, cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales». Un ejemplo de conflicto de intereses incluye la situación denominada «puerta giratoria», en la cual los funcionarios públicos obtienen puestos lucrativos en el sector privado una vez que se retiran del servicio público, esperando usar sus contactos en el sector público para beneficiar a la empresa privada (Ferguson, 2017). Los tipos de «intereses privados» que pueden conducir a un conflicto de intereses incluyen cosas objetivas como la gerencia en una empresa, pero también puede incluir intereses subjetivos, ideológicos, políticos y personales que pueden influenciar indebidamente las funciones públicas» (Ferguson, 2017; Rose-Ackerman, 2014). La existencia de un conflicto de intereses en sí no es necesariamente ilegal. Lo que sí es ilegal, sin embargo, es el no revelar un conflicto de intereses o el mal manejo de este.
 
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