Publicado en enero de 2019.
Este módulo es un recurso para los catedráticos
Derecho no penal pertinente al tráfico ilícito de migrantes
El tráfico ilícito de migrantes, tal como se define en el Módulo 1, es una forma de delincuencia organizada transnacional y a menudo se gestiona como un negocio. Muchas áreas de la ley son relevantes para la prevención y la interrupción del tráfico ilícito de migrantes, incluyendo, entre otros, el derecho penal, el derecho de los derechos humanos y el derecho laboral. La aplicación del derecho penal es obvia. Abordar el tráfico ilícito de migrantes necesariamente incluye penalizar la conducta del tráfico ilícito, de conformidad con el artículo 6 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Los que cometen delitos de tráfico ilícito deben ser procesados y castigados.
Como se destacó en el Módulo 2, el derecho de los derechos humanos es esencial para garantizar que se respeten los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito, no solo como un objetivo en sí mismo, sino también para incentivar y facilitar la cooperación de dichos migrantes y otros testigos con las autoridades nacionales. Es, además, un medio para atender la demanda de los servicios ofrecidos por los traficantes.
Las leyes laborales también son críticas para abordar la demanda de servicios de tráfico ilícito. Muchos migrantes objeto de tráfico ilícito, así como migrantes irregulares que no son objeto de tráfico ilícito, están empleados en las economías clandestinas de los países de destino. La regulación adecuada del mercado laboral y la identificación de quienes se aprovechan de la situación vulnerable de los migrantes objeto de tráfico ilícito para reducir los costos de producción y aumentar las ganancias, alterará el modelo comercial de los grupos de delincuencia organizada dedicados al tráfico de migrantes.
Como se señaló en el Módulo 1, el marco legal contra el tráfico ilícito de migrantes necesita incorporar salvaguardas para asegurar que aquellos que facilitan la entrada ilegal por razones humanitarias o de solidaridad, sin ningún propósito para obtener un beneficio financiero o beneficio material de otro tipo, deben ser excluidos de la aplicación de delitos de tráfico ilícito según lo definido en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Cuando los Estados todavía consideren apropiado sancionar este comportamiento, las sanciones administrativas, fuera del ámbito del derecho penal, podrían ser la respuesta elegida.
Las leyes sobre telecomunicaciones y privacidad también tienen un papel que desempeñar. Pueden, por ejemplo, usarse para evitar la difusión generalizada de publicidad de servicios de tráfico ilícito de migrantes, o pueden usarse para facilitar el intercambio de datos relacionados con conductas delictivas con los cuerpos de seguridad. La aplicación de estas leyes se observa en el Módulo 3 y se analiza más a fondo en Módulo 14.
Muchos aspectos de la ley de migración también son relevantes, en la medida en que ayudan a prevenir, detectar o reprimir el tráfico ilícito de migrantes. Por ejemplo, la apertura de vías adicionales para la migración legal podría llevar a una reducción en la demanda de servicios de tráfico ilícito (véase más adelante la sección sobre Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada e Regular). Además, dado que algunos migrantes objeto de tráfico ilícito son migrantes irregulares, la ley de migración es relevante para suprimir el tráfico de personas al disuadir la migración irregular. Es probable que defina, en gran medida, los derechos de los migrantes irregulares (o la falta de ellos), los procedimientos relevantes posteriores a la detección, así como las medidas diseñadas para controlar la migración irregular en las fronteras.
La ley de refugiados no se aplicará a todos los migrantes objeto de tráfico ilícito, ya que no todos ellos son refugiados o necesitan protección internacional. Sin embargo, como se señaló en el Módulo 5, a veces los servicios de los traficantes son la única vía disponible, y de hecho el último recurso, para los refugiados y otras personas con derecho a protección internacional. La disponibilidad de dicha protección y la prohibición de devolución son principios fundamentales del derecho internacional consuetudinario, vinculantes para todos los Estados.
Es importante destacar que el tráfico ilícito de migrantes no ocurre en el vacío. Está comúnmente vinculado a diversos elementos habilitadores, como la presencia de grupos de delincuencia organizada bien estructurados con recursos sofisticados, factores políticos y económicos en los países de origen, falta de vías regulares para la migración y demanda de mano de obra barata en los países de destino. Estos factores diversos pueden ser abordados por ciertas áreas de la ley, que en algunos casos podrían interactuar. Por ejemplo, el derecho penal puede dirigirse a grupos de delincuencia organizada, un sistema efectivo de refugiados puede abordar parte de la demanda de servicios de tráfico ilícito, mientras que las legislaciones laborales y migratorias combinadas pueden funcionar para abrir vías regulares para la migración. Debe tenerse en cuenta que ninguna de las áreas legales mencionadas anteriormente son por sí mismas efectivas para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Por el contrario, solo un enfoque coherente y holístico que combine diferentes áreas de la ley, las políticas y las prácticas puede finalmente alcanzar el éxito.
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