Brasil avanza en la lucha contra el lavado de dinero

10 de julio 2012 - El gobierno brasileño firmó el lunes (09), la ley 12.683/2012 que aumenta el rigor contra el delito de lavado de dinero. La nueva legislación elimina la lista de delitos antecedentes, lo que permite configurar como lavado de dinero los delitos de encubrir u ocultar el origen de recursos provenientes de cualquier delito o contravención penal como, por ejemplo, los juegos de apuestas ilegales y la explotación de máquinas tragamonedas.

El Secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de Brasil, Marivaldo Pereira, resalta que a través del lavado de dinero las organizaciones criminosas logran atribuirle una apariencia legal a los recursos obtenidos a través de la comisión de delitos. "Con esto [las organizaciones criminales] son capaces de continuar con sus actividades. La ley aumenta la eficiencia del Estado para combatir la delincuencia y esta será una herramienta importante para la lucha contra el crimen organizado", evalúa.

La nueva ley también amplía la lista de personas obligadas a enviar información sobre transacciones sospechosas ante el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) e incluye, por ejemplo, los cambiadores de dinero, personas que negocian los derechos de atletas, o que venden artículos de lujo, entre otras actividades. La ley también aumenta el límite de la multa impuesta a aquellos que desobedecen las obligaciones de transmisión de información, de alrededor de USD$ 200.000 a USD$ 20 millones.

Enajenación anticipada

La nueva ley 12.683/2012 también prevé la venta anticipada de bienes incautados durante la investigación de delitos de lavado de dinero. Por lo tanto, antes de la decisión final de la Justicia sobre el caso, el juez puede ordenar la venta del activo y el valor se depositará en una cuenta judicial. Al final del proceso, si el acusado es absuelto, la cantidad ajustada será devuelta y, si es declarado culpable, el valor se transfiere al gobierno. La medida busca prevenir la depreciación de los activos y los gastos del Estado con la manutención de bienes en depósitos.

La aprobación del proyecto que dio origen a la ley aprobada por la presidenta Dilma Rousseff contó con el apoyo de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero (Enccla), órgano que reúne a más de 60 instituciones, entre ellas a la UNODC, coordinada por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia.

En Brasil, la UNODC y el Ministerio de Justicia se encuentran en las etapas finales de negociación de un proyecto de cooperación técnica para fortalecer la capacidad del gobierno para aplicar medidas contra el lavado de dinero, promover la asistencia jurídica mutua y para apoyar y cooperar en la búsqueda, incautación y confiscación de bienes procedentes de actividades delictivas, como se establece en los instrumentos de las Naciones Unidas y en otras normas internacionales.

La UNODC es responsable de implementar el Programa Mundial contra el Lavado de Dinero, Activos del Crimen y Financiación del Terrorismo a través de la Unidad de Estado de Derecho, Crimen Organizado y Anti lavado de Dinero, establecida en establecida en 1997 en respuesta al mandato de la UNODC confiado a través de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 . El mandato de la unidad se amplió en 1998 con la Declaración Política y las medidas para combatir el lavado de dinero, aprobada por la Asamblea General en su vigésima sesión extraordinaria, que amplió el alcance del mandato para abarcar todos los delitos graves, no sólo aquellos relacionados con el narcotráfico.

Con el Ministerio de Justicia de Brasil

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