Políticas sobre drogas: foco en las convergencias

Bo Mathiasen

Los gobiernos y las sociedades de diversos países enfrentan un nuevo desafío: ¿cómo prepararse para responder al surgimiento de sustancias psicoactivas cada vez más diversificadas y con efectos cada vez más potentes? Estos cambios tornan el debate sobre las políticas sobre drogas aún más complejo. No se trata apenas de contraponer una postura "liberal" a favor de la legalización a una posición "conservadora" de control. Es necesario evaluar el impacto social, de salud y seguridad pública relacionado con las drogas. Un ejemplo es el de la marihuana hidropónica, cultivada en ambientes cerrados y que posee un poder alucinógeno hasta cuatro veces mayor que el de la marihuana tradicional. Aún más difícil es la cuestión del crack y del paco, drogas derivadas de la cocaína que llegaron a la mayoría de los grandes centros urbanos en Sudamérica y cuya dimensión todavía no es plenamente conocida.

El creciente aumento de las restricciones al uso del tabaco y del alcohol es una tendencia internacional ampliamente aceptada y una postura que contradice la de las campañas pro-legalización de las drogas. Estas campañas acostumbran ignorar que mientras el tabaco y el alcohol son consumidos por entre un 25% y 50% de la población mundial, las drogas ilegales son utilizadas por menos de 5% de las personas - un problema comparativamente mucho menor que el de las drogas lícitas. Eso quiere decir que, en la perspectiva de salud, el control asociado a programas de prevención está funcionando en la práctica. La edición 2009 del Informe Mundial sobre Drogas, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), muestra que en los últimos años, globalmente, la producción y el consumo de drogas se han mantenido estables -aunque en países en desarrollo, inclusive en los países del Cono Sur, se observan pequeños índices de crecimiento, principalmente entre las drogas sintéticas.

Sin embargo, está claro que no se puede pensar esta situación apenas en términos de control. La recomendación de Naciones Unidas a los Estados miembros es que se desarrollen cada vez más políticas de salud para usuarios de drogas, tratándolos como personas que necesitan acceso al servicio y no en la punición criminal. Es importante comprender que aunque se estimulen cambios en la legislación de los países en el sentido de aplicarse penas alternativas a los usuarios, hay consenso entre los Estados miembros sobre la posición de mantener las drogas como sustancias ilegales. Una eventual legalización implicaría un costo social y la exigencia de un aparato de protección de proporciones que la mayor parte de los países no tendría condiciones de ofrecer. Al final, las drogas no son perjudiciales porque son ilegales, son ilegales justamente porque son perjudiciales.

La aparente contradicción entre legalización o no-legalización tiene la tendencia de quitar la discusión del foco que realmente interesa y que, en realidad, revela mucho más convergencias que divergencias: la búsqueda de un abordaje equilibrado entre las acciones de prevención, incluyendo el amplio acceso a los servicios de salud para los usuarios, y las acciones de represión, enfocadas en el control al crimen organizado transnacional y a los grandes financiadores del tráfico. Si las convergencias fueran más observadas que las divergencias, el debate en relación a las políticas sobre drogas podría convertirse en un proceso que efectivamente resulte en beneficios concretos para todos.

Bo Mathiasen, danés, es el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para Brasil y Cono Sur. Master en Ciencia Política y Economía por la Universidad de Copenhague y especialista en Desarrollo Económico por la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

20-08-2009