Derechos Humanos, Personas Privadas de Libertad y Gestión de Seguridad en el Sistema Penitenciario Uruguayo

Bo Mathiasen

Señoras y señores,

Es un placer representar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, en este Seminario de suma importancia para Uruguay y para toda la región.

La participación de UNODC con el gobierno uruguayo en la asistencia a la reforma penitenciaria remite al año 2007. Entonces, una misión de evaluación de UNODC resultó en un informe detallado con recomendaciones sobre como abordar la precariedad de las condiciones de las prisiones en el país.

Consecuentemente, en el 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo - el BID - condujo un estudio del sistema penitenciario uruguayo con conclusiones similares a las de UNODC. Un año después, tras la presentación del informe de evaluación de UNODC a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en Viena, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU, Manfred Nowak, visitó Uruguay y elaboró un informe llegando a conclusiones similares a las de UNODC y el BID.

Todos esos esfuerzos internacionales contribuyeron al proceso de repensar el sistema penitenciario en Uruguay en el sentido de ofrecer mejores condiciones de vida a la población carcelaria. La implementación del Proyecto L, de "Apoyo a la Reforma de las instituciones para personas privadas de libertad" tuvo como foco contribuir para sentar las bases de una reforma más amplia del sistema penitenciario. En el contexto del UNIDOS en ACCIÓN (ONE UN), ha sido posible articular diferentes tipos de expertise en el trabajo conjunto de las agencias del Sistema Naciones Unidas.

En este proyecto, ahora en su segunda edición, UNODC abordó las prácticas de consumo de los internos, con información a detenidos y al personal penitenciario, creando una coordinación con la Administración de Servicios de Salud del Estado para el acceso universal en servicios relacionados con el VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual. 

Pero aún hay mucho por hacer.

La prisión puede ser considerada como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia.

Sin embargo, no es posible abordar el tema carcelario sin un abordaje desde la perspectiva de un Estado Democrático de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos.

Todas las normas internacionales, bien como el concepto de democracia, tienen como base la protección a los valores fundamentales de la sociedad, entre los cuales uno de los más importantes es el respeto por la dignidad inherente de todos los seres humanos, independiente de su situación personal o social.

A su vez, la libertad de las personas es uno de los derechos más preciados de todos los seres humanos y su pérdida no puede significar en la violación de otros derechos fundamentales.

Sabemos que las condiciones de vida en una prisión constituyen uno de los factores primordiales para determinar el sentimiento de autoestima y dignidad de los reclusos. La calidad del alojamiento, la disposición de los dormitorios, la alimentación que reciben, el acceso a servicios de salud e instalaciones sanitarias adecuadas, son todos elementos que influyen enormemente en la sensación de bienestar del preso.

Es imprescindible recordar que la penalidad de privación de libertad tiene como objetivo proteger a la sociedad de las amenazas que una persona puede representar, pero también tiene como uno de sus objetivos la reinserción social de aquella persona.

En este sentido, el personal penitenciario tiene un rol central y debe estar consciente de ello y, principalmente, contar con las condiciones e instrumentos necesarios. Son estos agentes, en todas las áreas de actuación, sea en la seguridad, atención o en la salud, los que deben asegurar que se implemente la pena de privación de libertad al mismo tiempo en que deben garantizar el respeto a la dignidad de los reclusos.

Por eso, la capacitación, el reconocimiento y valorización de estos profesionales es una de las claves para garantizar una gestión eficiente y eficaz de las cárceles.

Cuanto menor sea la capacitación y peores las condiciones de trabajo, mayor la probabilidad de fugas y de motines.

Cuanto menor sea el reconocimiento de la labor de estos agentes y menores sean los sueldos, mayores son las chances de que la corrupción encuentre un terreno fértil para contribuir con fugas o la actuación de grupos del crimen organizado desde dentro de las instalaciones carcelarias.

Las prisiones también deben ser administradas dentro de un contexto ético, que respete la calidad humana de todos los involucrados, o sea: los reclusos, el personal penitenciario y los visitantes.

La gestión eficaz y las condiciones satisfactorias de las cárceles, sin embargo, no dependen únicamente de las autoridades penitenciarias. Es necesario un enfoque holístico, que aborde todos los aspecto del sistema de la justicia penal.

Es evidente que los desafíos han aumentado en lo que se refiere al control de los presos. Cada vez más, los agentes del crimen organizado se aprovechan de la evolución y de los beneficios presentados por la globalización para coordinar y comandar sus negocios desde los más recónditos lugares en el mundo.

No es raro en nuestra región descubrir a líderes del crimen que se encuentran detenidos enviando órdenes, comandando acciones u organizando fugas y motines desde sus propias celdas.

Tampoco es raro que presos se fuguen de las cárceles, muchas veces por la puerta principal de las prisiones. Estos presos representan una amenaza en todas las esferas de una sociedad, incluso en los mismos presidios comunes. De ahí la necesidad de crear las prisiones de máxima seguridad.

Pero ojo, es preciso tener criterios muy claros para definir la real necesidad y capacidad del Estado en tener estas instalaciones. También es necesario contar con un sistema eficaz de selección de quienes son los presos que realmente deben ser reclusos en esas instalaciones.

Además, es necesario evaluar los costos de las prisiones de máxima seguridad, la capacitación especializada del personal encargado y crear un sistema constante de evaluación de estos presos.

Cualquiera que sea el tipo de prisión, no se debe perder nunca la perspectiva de la reintegración que todo sistema penitenciario debe suponer.

Señores, en suma, lo que sucede en las cárceles está intrínsecamente relacionado con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto y con las presiones que recibe dicho sistema.

Por esa razón, lo ideal es que cualquier intento de reforma del sistema penitenciario forme parte de un programa amplio, dirigido a hacer frente a los desafíos que plantee la totalidad del sistema de justicia penal.

Implementar un sistema penitenciario con un enfoque holístico ya es un gran desafío. Pero un reto mucho mayor es alcanzar un equilibrio entre la aplicación efectiva de la pena de privación de libertad y el respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano.

De ahí la importancia de este Seminario el cual se propone a discutir una gestión de seguridad eficaz de las cárceles, con base en convenciones, protocolos internacionales y buenas prácticas, con un enfoque en la reintegración de los reclusos y el respeto inalienable a los Derechos Humanos.

Muchas gracias.

14 de mayo de 2012

Montevideo, Uruguay