Monterrey, Nuevo León 13 de febrero de 2024 – “El trabajo realizado por UNODC es de suma importancia para robustecer las actividades de investigación en el estado”, destacó el Sr. Pedro José Arce Jardón, Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, al recibir los resultados del proyecto “Integración de los Mecanismos de Coordinación Interinstitucional para la Investigación de Delitos de Alto Impacto a Nivel Estatal”.

Gracias al apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México desarrolló Procedimientos de Operación Estandarizados (POE) que responden a los contextos específicos de 14 entidades del país y que abonan a la investigación de los delitos de alto impacto, particularmente homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo.

La Sra. Nayely Sánchez, Titular de los Programas de Prevención del Delito y Justicia Penal de UNODC en México, entregó al Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León el Reporte de Implementación del proyecto. Este documento contiene información objetiva y confiable en temas de coordinación y comunicación, recopila las buenas prácticas detectadas, a la vez que emite recomendaciones para optimizar las capacidades de coordinación de las autoridades estatales en materia de investigación y procesamiento de los delitos de alto impacto.

Por parte de la Oficina de INL en México, asistió el Sr. Naiki Saucedo, Asesor Senior del Programa de Procuración de Justicia.

Nuevo León es el tercer estado que concluyó el componente de capacitación -en septiembre de 2023- y en recibir formalmente el Reporte de Implementación, que es resultado de más de dos años de trabajo y, con su aplicación, fortalecerá conocimientos, habilidades y destrezas para la coordinación en la investigación criminal.

La Titular de los Programas de Prevención del Delito y Justicia Penal afirmó que UNODC espera que el documento sirva como una guía para las personas operadoras del sistema de justicia penal que les permita llevar a cabo sus labores de una manera más eficiente y eficaz, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho.

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