La Comisión Nacional deTribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Oficina de las NacionesUnidas contra la Drogay el Delito (UNODC) en el marco del XXXIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, firmanAcuerdo de Colaboración en materia de administración e impartición de justicia.


Ixtapa de la Sal, Estado de México a 05 de noviembre de 2009, CONATRIB-UNODC-.La expansióny las dimensiones de la delincuencia organizada transnacional, incluidos eltráfico de drogas ilícitas, el secuestro, el blanqueo de dinero, la trata depersonas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas; laviolencia contra la mujer; la corrupción y el terrorismo; así como la necesidadde contar con un enfoque amplio multidisciplinario, que fortalezca lacooperación entre los Gobiernos y los Organismos Internacionales para preveniry combatir de manera más eficaz y eficiente estas actividades a nivel local,nacional e internacional han sido el marco en el cual la CONATRIB y UNODC firman esteAcuerdo de Colaboración en materia de administración e impartición de justicia.

El Acuerdo permitirá a ambos organismos trabajaren beneficio de la impartición de justicia a nivel estatal para mejorar lacapacidad de los sistemas de justicia penal mediante la aplicación de lasdisposiciones de los convenios y protocolos que la UNODC custodia en materiadelincuencia organizada transnacional, corrupción, reducción de la oferta ydemanda de drogas y terrorismo; y tener sistemas más accesibles y que respondande su actuación, de conformidad con las reglas y normas internacionales, paradar respuesta a nuevas formas de delincuencia, a través del área deadministración e impartición de justicia.

La CONATRIB y UNODC el reconocen que ladelincuencia es un fenómeno que afecta la composición del tejido social, es porello que resulta muy importante fortalecer el Estado de Derecho y lagobernabilidad democrática de los Estados de la República Mexicana,brindando a la ciudadanía seguridad y certeza jurídica, en ésta área, medianteel cual se respete los derechos fundamentales tanto de la víctima como del imputadoen los procesos penales.

 

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