Protección de testigos: instrumento clave en la lucha contra la delincuencia

Los testigos desempeñan un papel esencial en el enjuiciamiento de los delincuentes, porque de su cooperación con las autoridades suele depender el éxito de las actuaciones penales.  

Si bien algunos testigos son personas inocentes que relatan lo que vieron durante una investigación o juicio, otros son delincuentes que testifican contra otros acusados a cambio de una sentencia más benévola. Más allá de quiénes son y por qué cooperan, los testigos son vulnerables a la intimidación y las represalias. Por lo tanto, deberían dictarse leyes y establecerse mecanismos para apoyarlos y protegerlos; de lo contrario, se debilitarán la seguridad de las personas y el sistema de justicia penal.

La protección de los testigos es una cuestión amplia que requiere una variedad de respuestas, incluida la asistencia a las víctimas y los testigos, la seguridad en los tribunales, la protección en el corto plazo y los programas de protección de testigos. Otra respuesta, que se está poniendo en práctica en un número cada vez mayor de jurisdicciones, consiste en eximir a los testigos de declarar en los tribunales y permitirles que lo hagan mediante el uso de tecnología de comunicaciones, como las videoconferencias.  Todas estas medidas cumplen objetivos diferentes, requieren recursos y conocimientos especializados diferentes e implican riesgos diferentes.

Apoyar y proteger a los testigos es una tarea de particular importancia en los casos relacionados con la delincuencia organizada, en los que resulta difícil identificar y enjuiciar a los delincuentes y en los que las personas que participan de las actuaciones penales suelen recibir amenazas. 

La naturaleza transnacional de la delincuencia organizada constituye un problema adicional que exige la cooperación interinstitucional e internacional para que las actividades de protección de testigos sean eficaces.  La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional provee un marco para esta cooperación y obliga jurídicamente a los Estados partes a proteger a las personas que testifican.  Los gobiernos podrían hacerlo, por ejemplo, firmando acuerdos recíprocos para admitir a ciudadanos extranjeros en programas de protección de testigos y promover la asistencia judicial recíproca.  El intercambio de prácticas óptimas referidas al apoyo y la protección de los testigos en los ámbitos legislativo, del ministerio público y de aplicación de la ley también podría servir para ayudar a crear programas de protección de testigos en los países donde no existen, o a fortalecerlos donde son deficientes.

A este fin, en 2005 y 2006 la ONUDD convocará reuniones regionales de expertos sobre apoyo y protección de testigos. Con la información que se obtenga de estas reuniones, se elaborará un manual de buenas prácticas que abarcará los aspectos jurídico y operacional.  También se elaborarán materiales de capacitación para las autoridades judiciales, del ministerio público y encargadas de hacer cumplir la ley.