Medellín mira al futuro en seguridad y convivencia con apoyo de UNODC

Presentación en Medellín de la nueva la política pública de seguridad para la ciudad. Foto: UNODC15 de octubre, 2015 - En el mes de septiembre, el Concejo de Medellín aprobó la política pública de seguridad para la ciudad con una vigencia de 10 años, a la manera de un modelo de gestión local integral de la seguridad y la convivencia, y de esta manera asegurando el compromiso de todas las entidades corresponsables en la materia en una apuesta institucional a largo plazo y no solo del gobierno de turno.

El proceso de construcción de esta política inició en el año de 2012 con la asistencia técnica de UNODC, a través de la implementación de la metodología de auditorías de seguridad, que se convirtió en el principal instrumento para su formulación.

"Las auditorias de seguridad son una herramienta desarrollada por el Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST) de UNODC, y que encontró en Medellín un escenario institucional privilegiado para avanzar en la que ha sido la experiencia de mayor desarrollo y alcance en su implementación a nivel país en las Américas" señaló Bo Mathiasen, Representante de UNODC en Colombia.

La creación de esta política pública fue un proceso participativo de construcción de acuerdos colectivos con actores institucionales, académicos, empresarios y de la sociedad civil, a partir de la concertación y la promoción de un diálogo abierto.

Con el apoyo y asistencia técnica de UNODC, esta política pública es una apuesta innovadora para que los tomadores de decisiones cuenten con lineamientos estratégicos, escenarios de articulación, e instrumentos de planeación y seguimiento calificados que garanticen una mejor respuesta institucional a los retos que representa la gestión de la seguridad. 

La política pública le permitirá a los futuros gobernantes de Medellín formular planes, programas y proyectos para afianzar los logros de la ciudad en materia de seguridad, siempre bajo la comprensión de que la seguridad y convivencia es un derecho fundamental que garantiza las condiciones de vida y promueve el desarrollo.

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