Gobiernos municipales implementarán acciones de prevención  y lucha contra la corrupción con apoyo del MJyTI y la UNODC

La Paz, 20 de noviembre de 2017 (Naciones Unidas).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) cooperan a 60 gobiernos autónomos municipales de los nueve departamentos bolivianos, para implementar medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

Nueve gobiernos autónomos municipales de La Paz, cinco de Oruro, ocho de Cochabamba, seis de Chuquisaca, doce de Santa Cruz, cuatro de Beni, dos de Pando, seis de Tarija y ocho de Potosí implementan el proyecto Transparencia institucional y participación ciudadana para la gobernabilidad municipal, con el apoyo del Ministerio y la UNODC. Este proyecto está financiado por la Embajada de Suecia.

El proyecto apoyará a los municipios a implementar políticas de transparencia y medidas de mitigación contra la corrupción, capacitará a organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de su derecho al control social y promoverá una cultura de transparencia e integridad.

Los concejos municipales, organizaciones de control social y el responsable de transparencia y lucha contra la corrupción aplicarán las herramientas del Compendio de Diseño e Implementación de la política/plan municipal de transparencia y lucha contra la corrupción, presentado en septiembre.

Esta iniciativa se sustenta en las leyes Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha contra la Corrupción, de Participación y Control Social y de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, así como en el marco normativo internacional establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Desde el 20 de noviembre, los alcaldes, representantes de los concejos y de las organizaciones de control social y los responsables de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de los 60 municipios están siendo capacitados en la aplicación del Compendio de Diseño e Implementación de la política/plan municipal de transparencia y lucha contra la corrupción.

El Compendio contiene tres herramientas para una gestión municipal transparente: el instrumento de diagnóstico de áreas vulnerables a riesgos de corrupción, el manual de diseño e implementación de la política o plan y la evaluación y monitoreo de estos mecanismos.

En esta gestión, el proyecto también impulsará las Redes de Jóvenes por la Transparencia en los municipios. Estas agrupaciones de voluntarios participarán en un encuentro nacional que conmemorará el Día Internacional contra la Corrupción, el 9 de diciembre en la ciudad de Cochabamba.

Hasta la fecha, los alcaldes de los siguientes 57 municipios firmaron acuerdos de coordinación y cooperación institucional: Batallas, Guaqui, Laja, Viacha, La Asunta, Mecapaca, Pucarani, Patacamaya y Sica Sica del departamento de La Paz; Oruro, Caracollo, Challapata, Poopó y Santiago de Huari del departamento de Oruro; Colcapirhua, Sacaba, Sipe Sipe, Shinaota, Tapacarí, Tiquipaya, Villa Tunari y Vinto del departamento de Cochabamba; Tarvita, Villa Alcalá, Villa Mojocoya, Yotala y El Villar del departamento de Chuquisaca; Asención de Guarayos, Cotoca, El Torno, La Guardia, Montero, Pailón, San José, San Julián, Warnes y Yapacaní del departamento de Santa Cruz; Guayaramerín, Loreto, Riberalta y Trinidad del departamento de Beni; Filadelfia y Puerto Rico del departamento de Pando; Entre Ríos, Padcaya, Tarija, Uriondo, Villamontes y Yacuiba del departamento de Tarija; Betanzos, Colquechaca, Pocoata, Potosí, Puna, Tupiza, Uyuni y Villazón del departamento de Potosí.

Esta experiencia está basada en iniciativas anteriores de la UNODC y del MJyTI, financiadas por la Embajada de Suecia, en las que se identificaron áreas vulnerables de la gestión municipal a los riesgos de corrupción; elaboraron políticas municipales para fomentar la transparencia y lucha contra la corrupción; fortalecieron las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y mejoraron las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que ejerzan su derecho a la rendición de cuentas y acceso a la información.