Ante el crimen, el estado de derecho puede proteger el desarrollo

El 13° Congreso sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal en Doha la próxima semana impondrá el tono en la manera en que el mundo enfrentará al crimen en los próximos cinco años.

En octubre de 2013, los rescatistas se toparon con una escena macabra en el desierto del Sahara, cerca de la frontera entre Níger y Argelia. Dispersos en un radio de casi 20 kilómetros yacían los cuerpos de 92 personas; la mayoría, mujeres y niños. Todos habían muerto de sed mientras buscaban escapar del sol implacable. El grupo de migrantes había estado viajando en dos camiones, pero el primero se estropeó y el segundo siguió camino en busca de repuestos. Los migrantes estaban varados. Tras esperar cinco días, el grupo partió a pie en busca de agua. Sólo 21 personas sobrevivieron al alcanzar pueblos en el lado argelino de la frontera.

La muerte de estos migrantes ilustra un hecho terrible acerca de nuestro mundo. El crimen está succionando la fuerza vital de los países vulnerables y frágiles, y al hacerlo, socava nuestros esfuerzos globales para sacar a miles de millones de la pobreza.

Los territorios al sur del Sahara están infestados de criminales que se ceban en los migrantes que buscan llegar a Europa. Mujeres, niños y hombres, cuyo deseo de ir a otro país es tan fuerte que están dispuestos a cruzar vastos desiertos con algunas de las temperaturas más altas registradas.

Pero esta historia no es exclusiva del norte de África. A lo largo y ancho del mundo, en la ola de migración más grande desde la Segunda Guerra Mundial, la gente está en movimiento. Estos individuos emprenden viajes muy peligrosos en botes que cruzan mares rugientes, a través de rutas traicioneras por tierra, o por aire. Y están muriendo en grandes cantidades.

Existen muchas razones para esta tragedia. Alguna gente está intentando desesperadamente llevarse a su familia lejos de conflictos brutales y de la inseguridad, mientras que otra tanta es impulsada por la necesidad económica. Luego, los migrantes caen en poder de redes criminales y son cruelmente explotados.

La corrupción descontrolada impulsa éste y otros delitos, pero también desvía fondos del sector público, evitando que niños reciban su invaluable educación, y su muy necesaria atención de salud. Se estima que dineros públicos en una cantidad de entre 20.000 a 40.000 millones de dólares abandonan los países en desarrollo, en la forma de corrupción.

Vínculos oportunistas entre los criminales y los terroristas, aunque no son nuevos, también se están formando para el tráfico de drogas y de otros bienes ilícitos.

El crimen relacionado con los bosques representa el 30 por ciento del comercio mundial de madera. El comercio ilegal de madera desde el sureste asiático hacia la Unión Europea y otras partes de Asia tuvo un valor estimado de unos 3.500 millones de dólares en 2010. El comercio sin regulación de carbón vegetal también resulta en pérdidas de unos 1.900 millones de dólares para los países africanos.

Los delitos contra la fauna salvaje tienen un inmenso costo para los humanos y un valor de unos 2.500 millones de dólares solamente en Asia oriental y el Pacífico. La destrucción de la fauna salvaje, que lleva a muchas especies a balancearse al borde de la extinción, daña al turismo. Traficar con esos recursos es un latrocinio permanente a los países en desarrollo.

El crimen transnacional organizado mueve unos 870.000 millones de dólares cada año y tiene muchas formas. Su violencia destruye comunidades. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito -UNODC-contó 437.000 homicidios en todo el mundo en 2012. Muchas de esas muertes ocurren en países en desarrollo, donde la pérdida de aquel que obtiene los ingresos puede tener un impacto irreparable en el futuro de una familia.

Afortunadamente, la percepción del delito está cambiando. La relación entre el delito y el desarrollo se reconoce de otra manera. También los países aceptan que el desarrollo puede ser protegido por el estado de derecho, por los derechos humanos básicos, por sistemas de justicia penal fuertes, pero justos, y por cero tolerancia a la corrupción.

Pero para revertir esta marea de crimen, se necesita hacer más. Si el estado de derecho debe arrancar el desarrollo de las garras del delito, la aplicación de la ley debe concentrarse en las actividades contra el lavado de dinero. También se necesita más cooperación para asegurar que la información sobre el crimen sea compartida y que tengan lugar operaciones conjuntas a ambos lados de las fronteras.

La comunidad internacional actualmente enfrenta tremendos desafíos en las áreas de conflicto, seguridad y paz. También busca acuerdos en la nueva agenda de desarrollo, que transformará las vidas de miles de millones.

En estas acciones bienvenidas, veo la tremenda oportunidad de promover una reforma de la justicia penal y para fortalecer el estado de derecho -particularmente en las áreas de imparcialidad, dignidad y equidad. Es la oportunidad para que el mundo saque al estado de derecho, y a sus primos la prevención del delito y la justicia penal, fuera de las bambalinas donde han estado, y los coloque en la vanguardia de la obra de las Naciones Unidas.

Si esto se logra, el desarrollo sostenible recibirá la protección que necesita de los estragos del delito. La próxima semana dará comienzo el 13° Congreso sobre la prevención del Delito y Justicia Penal en Doha, del 12 al 19 de abril, la reunión más grande y más diversa de legisladores y profesionales en el área de prevención del delito y justicia penal. Llega justo antes de la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Septiembre, cuando el mundo acordará una nueva agenda de desarrollo.

El crimen causa miseria y muerte. No se le puede permitir obstaculizar nuestros planes de desarrollo sostenible. Junto a la UNODC, me comprometo a hacer que el 13° Congreso sea el primer paso no sólo en dirección a mejorar la respuesta de la justicia penal, sino también hacia una mejor calidad de vida para cada uno.

Por Yury Fedotov, Director Ejecutivo, Oficina de NN.UU Contra las Drogas y el Delito.