'El Tribunal' como servicio y no como espacio

Juez Adrian Saunders 

El Juez Adrian Saunders es el Presidente de la Corte de Justicia del Caribe, así como Presidente de la Asociación Caribeña de Funcionarios Judiciales. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas.

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La Corte de Justicia del Caribe (CCJ) es un tribunal internacional con sede en Trinidad y Tobago. La CCJ tiene tanto una jurisdicción basada en un tratado comunitario (muy similar a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Europa), como una jurisdicción de apelación final a la que actualmente se suscriben cuatro Estados del Caribe. Su dotación se extiende a 80 funcionarios, incluidos siete magistrados.

En respuesta a la COVID-19, el tribunal adoptó medidas especiales para proteger la salud y la seguridad del personal y de los jueces, al tiempo que siguió garantizando el acceso a los usuarios de los tribunales. En este sentido, el 27 de marzo, el Gobierno de Trinidad y Tobago emitió directivas sobre la permanencia obligatoria en el hogar que se aplicaron hasta finales de abril. Sin embargo, incluso antes de que éstas se emitieran, el tribunal procedió a la rotación del personal y permitió a algunos - entre ellos quienes tenían problemas médicos preexistentes y quienes utilizaban el transporte público para ir al trabajo - trabajar exclusivamente desde su domicilio.

Actualmente, salvo una presencia mínima de seguridad en el edificio del tribunal, el personal y los jueces están confinados en sus viviendas. Sin embargo, el tribunal sigue siendo perfectamente capaz de recibir, procesar, gestionar y adjudicar asuntos y continua haciéndolo.

La CCJ estaba bien emplazada para adaptarse a la nueva situación. Siempre tuvo que ajustarse a la ubicación geográfica de sus usuarios, desde Belice en América Central, hasta Guyana en el continente sudamericano y Barbados en el Caribe oriental. Lo que es más importante, desde su creación en 2005, la Corte ha tratado de cumplir su misión de "ser un modelo de excelencia judicial".

Desde hace algunos años, los sistemas de archivo, procesamiento de asuntos y gestión de los tribunales son electrónicos o automatizados. La mayoría de las vistas se realizan por videoconferencia. Sin embargo, en todos los casos anteriores, los jueces del tribunal y el personal de la secretaría estaban juntos en el tribunal durante las vistas, aunque las partes litigantes y los abogados comparecieran por vídeo.

La nueva situación creada por la pandemia requiere que el tribunal vaya aún un paso más allá. Durante el período de autoaislamiento, el tribunal celebrará vistas virtuales con todos los jueces, los abogados y la mayoría de los funcionarios de la secretaría por videoconferencia desde sus respectivos hogares. También se ha publicado una directriz práctica para flexibilizar ciertas formalidades de depósito y judiciales que son más problemáticas para los usuarios de la Corte, dada su necesidad de permanecer en sus hogares.

El trabajo en este entorno inédito plantea nuevos desafíos y la omnipresencia de la muerte y el sufrimiento provoca ansiedad. Es por ello que los directores de la Corte están en contacto regular con el personal para asegurarse de que están bien y no pierden el ánimo.

No obstante, tanto los jueces como el personal han aprovechado estos tiempos difíciles para adquirir nuevos conocimientos tecnológicos y perfeccionar los que ya tenían. Todos se han visto obligados a convertirse en expertos en tecnología y el personal ha demostrado una notable voluntad de ir más allá de sus obligaciones para servir tanto a la corte como a la propia institución, como a sus usuarios.

La crisis actual requiere que los tribunales muestren iniciativa y sean a la vez reactivos y proactivos. Esto personifica perfectamente la noción clarividente del profesor Susskind. Un tribunal no es un lugar; es un servicio.