Ciudad de México, 28 de abril de 2020 - El brote de COVID-19 ha traído visibilidad y conciencia sobre el tráfico ilegal de especies, pues algunos expertos han sugerido que este virus proviene del murciélago, o que el pangolín pudo haber sido su intermediario para transmitirse a las personas. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en seres humanos son de origen animal; por ello, el tráfico ilegal de vida silvestre no es sólo una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas, sino también para la salud pública, el desarrollo sostenible y la seguridad.
Los delitos contra la vida silvestre y los bosques se encuentran entre las formas más rentables de comercio ilegal. De acuerdo con el “Atlas mundial de flujos ilícitos”, el tráfico ilícito de vida silvestre genera entre siete y 23 mil millones de dólares, lo que lo convierte un mercado muy lucrativo para las organizaciones delictivas que se aprovechan de la disminución de las capacidades institucionales a este respecto. En los últimos años, México ha sido testigo de la creciente participación del crimen organizado en esta clase de delitos, lo que plantea importantes retos a las autoridades a nivel local y nacional.
En este contexto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), a través del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, proporciona asistencia técnica a los Estados Miembro para combatir las amenazas contra especies protegidas y en peligro de extinción. Esta labor se enmarca en el reconocimiento de que éstos constituyen delitos graves y deben ser tratados como tal de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés). Además, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 14: Vida submarina; 15: Vida de ecosistemas terrestres y 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
En México, la UNODC junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contribuyen al fortalecimiento de las capacidades para la detección, investigación y persecución de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Esta colaboración permitirá abordar las necesidades de asistencia técnica identificadas en el proceso de implementación de las herramientas de análisis del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC, por sus siglas en inglés).
La Directora Ejecutiva de la UNODC, la Señora Ghada Waly, ha expresado que: “El crimen organizado y la corrupción se encuentran entre los muchos impulsores de la pérdida de biodiversidad. Abordarlos requiere una acción específica y cooperación internacional.” En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra y en medio de la crisis causada por el COVID-19, la Señora Waly declaró: “Los delitos contra la vida silvestre ponen en peligro la salud de nuestro planeta – y la nuestra. (…) Para conservar la biodiversidad y prevenir la próxima emergencia de salud pública, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres debe ser detenido”.
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Para mayor información favor de contactar a:
Felipe De La Torre
felipe.delatorre@un.org
Vínculos de interés:
Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques de la UNODC
