El 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad.
La campaña de este año se centra en la “Recuperación con integridad” la cual enfatiza que únicamente mediante la mitigación de la corrupción será posible hacer frente a la emergencia sanitaria, haciendo hincapié en que la recuperación inclusiva de COVID-19 sólo puede lograrse con este principio.
Para combatir la corrupción se requiere analizar los riesgos que están presentes en todas las instancias y operaciones de la gestión pública, por lo que su correcta identificación, mitigación y prevención son fundamentales para promover la transparencia y la rendición de cuentas. A lo largo de los últimos años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) ha trabajado de la mano de personas expertas, líderes, dirigentes y tomadores de decisiones para proporcionar asistencia técnica a las organizaciones públicas con la finalidad de fortalecer las medidas anticorrupción en sus políticas, programas y procesos.
En este contexto, UNODC diseñó el documento “Estado de la integridad: Una guía sobre la realización de evaluaciones de los riesgos de corrupción en las organizaciones públicas”, una herramienta dirigida a las instituciones, organismos y autoridades públicas para orientarlos en la identificación y mitigación de riesgos de corrupción mediante una metodología que contempla medidas eficaces que buscan volverse parte de sus actividades cotidianas.
La Guía reafirma la importancia de priorizar las acciones destinadas a prevenir la corrupción, buscando promover la rendición de cuentas de las intervenciones que realizan las instituciones públicas con miras a fortalecer su integridad.
Esta herramienta ayuda también a las organizaciones del sector público con recursos limitados para que puedan adoptar medidas realistas que reduzcan el riesgo de corrupción, perjudiquen los planes de malversación de fondos que causan daños financieros o afectan sus actividades de manera que éstas no puedan cumplir con su mandato.
El propósito del plan de mitigación que propone la Guía es entonces reducir las oportunidades de corrupción en las instituciones y reforzar tanto los controles como medidas que disminuyan las vulnerabilidades de la organización.
A lo largo del proceso, se debe hacer hincapié en que la evaluación del riesgo de corrupción no es una caza de brujas. El objetivo de la evaluación no es hacer salir a los individuos que han participado en el proceso, sino destacar cualquier vulnerabilidad organizacional que pudiera brindar oportunidades para llevarla a cabo.
En contextos adversos, como la crisis por la pandemia de COVID-19 una efectiva, ágil e integral Guía para evaluar los riesgos institucionales resulta no sólo útil sino necesaria y puntual para fortalecer la gestión de lo público desde una perspectiva de oportunidad y eficiencia para promover mejoras sociales.
UNODC ya ha trabajado con éxito con varios Estados miembros en el uso de la metodología descrita en la Guía y está dispuesta a continuar brindando asistencia experta para apoyar los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.
La Oficina en México contribuyó en la construcción metodología y de la Guía que ha sido ya implementada con éxito en varios Estados parte, entre ellos, nuestro país. De esta forma, UNODC reitera el compromiso de prestar asistencia técnica para fortalecer y complementar las actividades de prevención y lucha contra la corrupción.
Fernanda Barrera
Especialista en Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México
Artículo publicado en el periódico Reforma: https://reforma.com/w8Uq7r
