La solidaridad es necesaria para impedir que el COVID-19 aumente las amenazas de las drogas ilícitas para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad  

 

26 de junio de 2020 - Más personas están consumiendo drogas y las drogas ilícitas están más disponibles que nunca. La crisis por el COVID-19 ha expuesto nuestra fragilidad, con los sistemas de salud sometidos a gran presión y las redes de seguridad social llevadas al límite. La recesión económica ocasionada por la pandemia mundial puede orillar a más personas al abuso de sustancias o al involucramiento en el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Hemos estado aquí antes. Durante la recesión global que sucedió a la crisis financiera de 2008, las y los usuarios de drogas buscaron sustancias sintéticas más baratas y los patrones de consumo se desplazaron hacia las drogas inyectables, mientras los gobiernos redujeron presupuestos para lidiar con problemas relacionados con drogas.

Grupos vulnerables y marginados, jóvenes, mujeres y personas en situación de pobreza han sido los más perjudicados. Ahora, al enfrentar la crisis socioeconómica más grave en generaciones, los gobiernos no pueden permitirse el lujo de ignorar los peligros que las drogas ilícitas representan para la salud pública y la seguridad.

Alrededor del mundo, los riesgos y las consecuencias del uso de drogas han empeorado por causa de la pobreza, las oportunidades educativas y laborales limitadas, el estigma y la exclusión social, lo que a su vez agudiza las desigualdades y nos aleja de nuestra meta de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Si bien los países desarrollados concentran una mayor proporción de personas que consumen drogas que los países en desarrollo, y los segmentos más ricos de la sociedad tienen una mayor prevalencia en el uso de drogas, las personas que se encuentran en situación de desventaja social y económica tienen mayores probabilidades de desarrollar trastornos asociados al uso de drogas.

Solamente una de cada ocho personas que necesita tratamiento por el uso de drogas lo recibe, de acuerdo con el Informe Mundial de las Drogas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). A nivel mundial, cerca de 35.6 millones de personas padecen algún trastorno asociado al uso de drogas.

Una de cada tres personas que consume drogas es mujer; pero las mujeres representan solamente una de cada cinco personas en tratamiento. Personas privadas de la libertad, minorías, migrantes y personas desplazadas también  enfrentan  obstáculos adicionales para recibir tratamiento debido a la discriminación y el estigma.

Alrededor de 269 millones de personas consumieron drogas en 2018, un aumento de 30 por ciento con respecto a 2009, siendo adolescentes y adultos jóvenes los mayores consumidores. Si bien que este incremento es reflejo del crecimiento demográfico y otros factores, los datos indican, no obstante, que las drogas ilícitas son más diversas, más potentes y están aún más disponibles.

Al mismo tiempo, más del 80 por ciento de la población mundial, que en su mayoría vive en países de bajo y mediano ingreso, se ve privada del acceso a sustancias controladas para el control del dolor y otros usos médicos esenciales.

Los gobiernos se han comprometido repetidamente a trabajar unidos para abordar el problema mundial de las drogas en los ODS, y más recientemente en la “Declaración Ministerial de 2019” adoptada por la Comisión de Estupefacientes. Sin embargo, los datos indican que el apoyo en realidad ha disminuido a lo largo del tiempo, poniendo en peligro el compromiso de los gobiernos, así como la coordinación regional y mundial.

La asistencia para el desarrollo dedicada a la fiscalización de drogas disminuyó en un 90 por ciento entre 2000 y 2017. El financiamiento en materia de drogas puede estar previsto en otras líneas presupuestarias, pero hay poca evidencia de la atención de donantes internacionales a esta prioridad. La asistencia para el desarrollo alternativo – crear fuentes de ingreso viables y lícitas para agricultores en situación de pobreza de manera que dejen de cultivar plantíos ilícitos de amapola o coca – también permanece muy baja.

Las respuestas equilibradas, comprensivas y efectivas a las drogas dependen de una responsabilidad compartida. Insto a los gobiernos a actuar de acuerdo con sus compromisos y proporcionar apoyo.

No dejar a nadie atrás requiere una mayor inversión en prevención basada en la evidencia, así como en tratamientos y otros servicios para trastornos asociados al uso de drogas, VIH, hepatitis C y otras infecciones.

Necesitamos cooperación internacional para aumentar el acceso a sustancias controladas para fines médicos, previniendo su desviación y  abuso, y apoyar el fortalecimiento de la aplicación de la ley para desmantelar las redes de delincuencia organizada transnacional.

Ampliar el conocimiento sobre los impactos de las drogas en mujeres y hombres, jóvenes, personas mayores, y diferentes grupos sociales puede mejorar la atención. El uso de alternativas a las condenas y castigos en casos apropiados, en línea con las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, puede mejorar las posibilidades para la rehabilitación y reinserción social exitosa.

Abordar el consumo de drogas y padecimientos relacionados desde un enfoque centrado en la salud, basado en los derechos y sensible a las cuestiones de género nos permite proveer mejores servicios de salud pública. Necesitamos hacer más para compartir este aprendizaje y apoyar su implementación, principalmente en países en desarrollo, además de fortalecer la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones juveniles. Necesitamos saber más y cuidar más.

Conforme buscamos superar y recuperarnos de la crisis por el COVID-19, nuestras sociedades no pueden arriesgarse que las amenazas de las drogas ilícitas se vuelvas más graves por falta de atención y negligencia. Necesitamos estrategias para enfrentar el problema de las drogas a nivel nacional, tomando en cuenta los retos regionales e interregionales. Los gobiernos necesitan movilizar recursos financieros y, más importante aún, apoyo social e institucional – no de un sector o un ministerio-, sino todos los esfuerzos concentrados y consolidados para alcanzar impacto.

Necesitamos que todos los países muestren mayor solidaridad para afrontar y construir resiliencia ante el problema de las drogas, de manera que el mundo pueda regresar mejor y más fuerte de la pandemia.

 

Ghada Waly,

Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.