La violencia contra mujeres y niñas es un problema que impacta a todas las sociedades; viola los derechos y las libertades fundamentales de las sobrevivientes y puede tener efectos devastadores en las familias y las comunidades.
Las personas que actúan como primeros respondientes están en la primera línea del Sistema de Justicia Penal. Sus capacidades, conocimientos y actitudes tienen consecuencias drásticas en la atención, sanción y canalización de casos. Por esta razón, resulta fundamental contar con personal capacitado que garantice el respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas.
