La Secretaría de Gobernación por conducto de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) y en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lleva a cabo la ‘Capacitación y mesa de consulta con autoridades de instituciones públicas y representantes consulares en materia de tráfico ilícito de personas migrantes con enfoque de género’.
El objetivo ese capacitar a actores relevantes del gobierno federal, local y representantes consulares para identificar las necesidades y evaluar las competencias de las personas involucradas en la lucha contra el tráfico ilícito de personas migrantes y en la protección y asistencia de dicha población; así como realizar un análisis integral con enfoque de género.
El evento contó con la participación de la titular de la UPMRIP, Rocío González Higuera; la jefa de Misión de la OIM México, Dana Graber Ladek; el titular del Programa de Crimen Organizado y Drogas de UNODC México, Mario Cordero Vejar; y la Primera Visitadora General de la CNDH, Claudia Esperanza Franco Martínez.
Durante la inauguración, Rocío González Higuera afirmó que, de acuerdo con la estadística oficial de la UPMRIP, de enero 2016 a noviembre 2022 se registraron 5 mil 638 denuncias relacionadas con delitos perpetrados en contra de personas migrantes en situación irregular en México, siendo el tráfico ilícito de personas el segundo delito más denunciado con un total de mil 849 casos. De estos, 30 por ciento fueron denunciados por mujeres y 70 por ciento por hombres.
Tres de cada diez denuncias de tráfico ilícito corresponden a niñas, niños y adolescentes. “Hacer patente esta información y dimensionar las características del problema ayudará a reforzar las acciones que se realizan de manera conjunta para combatir este delito”, enfatizó González Higuera.
Por su parte, Dana Graber Ladek destacó los dos estudios con los que cuenta la OIM en materia migratoria: “Mar adentro: migrantes y náufragos en el mar”, en el que se visibiliza el tráfico de personas migrantes y se reconocen las rutas marítimas utilizadas por los traficantes de personas para la obtención de mayores ganancias, pese a su elevado costo frente a otras rutas.
El segundo documento, “Evaluación rápida del impacto de la Covid-19 en las redes de tráfico ilícito de migrantes en México”, identifica algunos cambios en las dinámicas de tráfico ilícito de personas migrantes como consecuencia de la pandemia y señala a Mexicali como el punto de cruce más utilizado por los traficantes en lugar de Tijuana en esa zona del noroeste de México. “Es necesario unir nuestros esfuerzos para proteger y asistir a quienes actualmente son sujetos de tráfico ilícito de personas migrantes y de otros delitos conexos y abordar con una mayor coordinación todo lo relacionado con este delito”, afirmó.
Asimismo, Mario Cordero Vejar agregó que el tráfico ilícito de personas migrantes es mucho más extenso de lo que algunas cifras reflejan. “Hasta 2016 al menos 2.5 millones de personas migrantes fueron sujetas de este delito a nivel global, dejando una derrama económica de 7 mil millones de dólares para las redes de tráfico”.
México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante no es ajeno a este fenómeno. Se estimó que hasta 2019, siete de cada diez personas migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica utilizaron los servicios de traficantes.
Claudia Esperanza Franco Martínez afirmó que, para la CNDH, el tráfico ilícito de personas migrantes es un delito de carácter transnacional que vulnera la soberanía de los Estados nacionales y es también una compleja red que lucra con la necesidad de las personas y familias que, ante el desconocimiento de las vías regulares se ven forzadas a migrar de manera irregular, contrata servicios de traficantes.
Hizo un llamado a tener en claro que el sujeto activo del delito de tráfico son las y los traficantes y pugnó por la protección de las víctimas, testigos u ofendidos; así como por la detección, identificación y mejores opciones para llevar a cabo las denuncias y el acceso a los derechos de las víctimas, concluyó.
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