La población penitenciaria crece exponencialmente pero también se expande el delito en el Perú

 

A diciembre de 2013 de las 67,273 personas privadas de libertad el 24.5% está privado de libertad por delitos específicos de drogas.

(Lima, 6 de marzo de 2014)

¿La criminalidad puede ser frenada con penas cada vez más duras? ¿Cuáles es la magnitud y las características principales de la población penitenciaria por delitos de drogas?  ¿Son mayoría los eslabones más débiles de la cadena del tráfico de drogas?. Son algunas de las interrogantes que busca responder el informe analítico: "Privados de libertad por delitos de drogas: situación actual y desafíos de políticas"elaborado con la colaboración de Federico Tong, asesor de la representación de UNODC y que fue presentado hoy en Lima.

La población penal total y por delitos de drogas se ha duplicado en la última década

El referido documento contiene los resultados del análisis de los datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a diciembre de 2013, y busca dimensionar las características de la población privada de libertad por delitos de drogas en el contexto de la población penitenciaria general, además de abordar las principales problemáticas relacionadas: excesivo uso de la prisión preventiva, crecimiento exponencial con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento, elevado número de presos reingresantes, etc. 

Entre 1995 y 2013 el número de personas privadas de libertad se ha incrementado en 223%. Eso implica que la brecha de sobrepoblación ha crecido 6 veces pasando de 19.5 en 1995 a 117.5% el 2013.Tendencia similar ocurre en el caso de los privados de libertad por drogas y delitos conexos que ha pasado de 7,890 en 2005 a 16,529 en diciembre de 2013.

"Las cifras del INPE evidencian un crecimiento exponencial en los últimos 20 años, creciendo a un promedio de 6.5%, pero resulta preocupante la aceleración registrada en los últimos 3 años, porque viene creciendo en promedio a 14%, es decir, ha aumentado en 22,063 las personas privadas de libertad, lo que incluso supera al total de la población penitenciaria de 1995. A este ritmo es poco viable la gestión de establecimientos penitenciarios seguros, ordenados y que permitan reinsertar a las personas privadas de libertad a la sociedad." señaló el asesor de UNODC.

El informe plantea que este escenario es resultado no solo de la conocida insuficiencia de recursos y de personal de la administración penitenciaria, sino los efectos de la aplicación de una política criminal, basada en la aprobación cíclica de leyes penales, cuyo supuesto subyacente es que la criminalidad básicamente puede ser frenada mediante la formulación de normas cada vez más duras pero que no cuentan con una debida evaluación de su impacto en la reducción de la delincuencia y la criminalidad y, menos aún, de sus probables efectos contraproducentes.

"Entre el 2005 y el 2013 la población penitenciaria total y la población penitenciaria por drogas se han duplicado (105% y 109% respectivamente). Sin embargo, si se compara con la evolución de los delitos registrados entre el 2000 y el 2011 en Lima Metropolitana y Callao -que alberga a casi la mitad de los privados de libertad en el Perú- lejos de disminuir ha crecido en 55% en ese periodo según las cifras del Observatorio de Criminalidad", remarca Tong.

Población penitenciaria por drogas y delitos conexos

1 de cada 4 cumple penas privativas de libertad por  delitos de drogas. El 50% están privados de libertad por TID básico y el 30% por TID agravado y cumplen penas que van de 6 a 35 años en casos agravados.

Se evidencia u uso excesivo de la prisión preventiva: el 56% se encuentra en situación de procesados, cifra que es ligeramente superior al total general (56% frente al 54.2%). Sin embargo por tipo de delito específico en el caso de "Microcomercialización" alcanza al 74%" y en "Promoción al TID" hasta el 64.2%.

En el caso de las mujeres más de la mitad están privadas de libertad por delitos de drogas (62 de cada 100 mujeres). Mientras que en la población penal de varones los delitos de drogas ocupan el 2º, 5º, 11º y 12º lugar respectivamente, y representan el 21.9% del total de presos varones (63,330); en el caso de la PPL mujeres ocupan, el 1º, 2º, 3º y 5º lugar, sumando un total de 2,609 (61.6% del total de la población penitenciaria de mujeres).

Al cierre del 2013 se encuentran privados de libertad 1,715 ciudadanos extranjeros, de los cuales 1,443 son varones y 272 mujeres. Es decir, el 3% de la población penitenciaria está conformada por internos de distintas nacionalidades. 9 de cada 10 extranjeros están privados de libertad por drogas. En el último año Colombia ha desplazado a España en el primer lugar.

El informe muestra que el 34.2% de los privados de libertad por delitos de drogas se encuentran albergados en los penales de los 13 departamentos que registran cultivos de coca, y más de la mitad, se encuentran en los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Junín, Cusco y Puno que concentran la mayor superficie de coca y albergan el 19.5% de la población privada de libertad por delitos de drogas.

La mayoría están albergados en penales sobrepoblados y en 6 se muestra alta densidad de privados de libertad por drogas (74% en el penal de La Oroya). Mientras que la población penitenciaria por delitos de tráfico ilícito de drogas (TID básico) se concentra en el Callo, en el departamento de Lima y en Ica, en "TID agravado"  un tercio de la PPL  se concentra en los penales de Ayacucho y Huánuco, y en el caso de "Microcomercialización" están albergados de manera más dispersa.

El Perú tiene una ocupación penitenciaria del 117.5%, e incluso existen establecimientos que alcanzan el 523% de ocupación penitenciaria como Huaral o con 442% como Callao. Una de las acciones urgentes parar atender el hacinamiento y la sobrepoblación que afectan al sistema penitenciario es una gran  inversión en infraestructura y en recursos humanos  para mejorar las condiciones de atención de los penales y lograr la efectividad de los programas de reinserción social.

El informe señala que las causas de la sobrepoblación y el hacinamiento son múltiples y acumulativas en el tiempo, en gran medida ajenos al sistema penitenciario en sí. En consecuencia, no puede tratarse sólo a nivel de la administración penitenciaria, sino que requiere una respuesta global y coordinada por parte de una amplia gama de autoridades legislativas, judiciales y ejecutivas, incluso a nivel político como en la sociedad en general.

Flavio Mirella, Representante para Perú y Ecuador de la UNODC señaló en la presentación que "se requiere la  institucionalización de una política criminal y penitenciaria de ultima ratio, garantista y eficiente, es decir, un liderazgo claro que vea la privación de la libertad como última alternativa, y no como la solución a todos los problemas de la criminalidad".

Finalmente, en el informe se exponen una serie de recomendaciones con el propósito de aportar a la reflexión sobre el estado de la situación penitenciaria y los desafíos que plantea en materia de políticas públicas el crecimiento exponencial de la población penitenciaria.

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