Ecuador, Colombia y Perú forman parte de un nuevo proyecto para dar respuesta a los casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso

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Quito, 15 de septiembre de 2021.- En América del Sur, el 32% de las víctimas de trata de personas identificadas entre 2014 y 2016 lo fueron con fines de trabajo forzoso, según el informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) de 2018.

Por ello, la UNODC presentó esta mañana en Ecuador el proyecto denominado “Respuesta a los casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso en América Latina”; iniciativa financiada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU – UNDESA-, por sus siglas en inglés, que integra a los países de Ecuador, Colombia y Perú, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los inspectores de trabajo, autoridades migratorias y fiscales para identificar y remitir posibles casos de trata de personas con fines de explotación laboral, principalmente en el contexto de los flujos migratorios mixtos y considerando las implicaciones de Covid-19 en estos fenómenos. .

Aunque los datos muestran cómo este fenómeno puntual es un problema creciente, es esencial considerar que el impacto real es mucho mayor. “Desde 2015, nuestros países han recibido una ola migratoria sin precedentes con un alto grado de vulnerabilidad, sumado a una ausencia o debilidad en los mecanismos para identificar la trata de personas con fines de explotación laboral”, explicó Rocío Urón, coordinadora de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC en Colombia.

En ese contexto, los efectos sociales y económicos negativos debido a la Covid-19, que
afectan especialmente a los más vulnerables, han ocasionado que la situación de
muchos migrantes empeore ante la necesidad de acceder a bienes
y servicios para satisfacer sus necesidades básicas.  Por ello, el proyecto “Respuesta a los casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso en América Latina” – que se implementará hasta 2023 – trabajará en dos ejes de asistencia en los tres países. “Aumentar la comprensión sobre el delito de la trata de personas con fines de trabajo forzoso en inspectores de trabajo, fiscales y autoridades migratorias y fortalecer las capacidades para identificar y remitir estos casos para una respuesta efectiva de los Estados con un enfoque de derechos humanos”, explicó Martín Tamayo, oficial de Trata de Personas de la UNODC en Ecuador.

A la presentación del proyecto asistieron delegados de los Ministerios de Gobierno, Trabajo e Inclusión Económica y Social; Fiscalía, entre otros.

Previo a la presentación del proyecto, Tomás Guayasamín, titular de la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno explicó la política pública de Ecuador frente a la trata de personas, aspecto que fue destacado por la señora Urón. “Celebro el enfoque de Ecuador porque se compagina con el que tiene Colombia y esto nos permite consolidar esfuerzos binacionales en esta lucha”, dijo.