UNODC presenta informe técnico en el marco del proyecto interagencial Sistema de Alerta Temprana y Respuesta Rápida en la frontera norte

 

Quito, 30 de septiembre de 2021.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó el Informe de Análisis sobre cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte del Ecuador, en el marco del proyecto interagencial Sistema de Alerta Temprana y Respuesta Rápida en la frontera norte, SART.

Gracias al apoyo de la Unión Europea, la UNODC -junto a ACNUR, OIM y UNFPA- en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos del país suramericano, el proyecto SART cumplió una misión con un doble objetivo: la prevención de vulneraciones a los derechos humanos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de respuesta frente a las alertas emitidas en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia.

La función de UNODC en este contexto ha sido la de colectar, sistematizar y analizar información especializada sobre la presencia de cultivos ilícitos, las dinámicas del tráfico de drogas y los impulsores o actividades causantes de la deforestación en la frontera norte del Ecuador que involucra a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, explicó el Representante de la UNODC, Antonino De Leo. “Estos territorios son considerados estratégicos para los grupos delictivos. Lamentablemente, es allí donde cuentan con facilidades para el ejercicio de sus operaciones criminales”, dijo

Para la UNODC es fundamental la información basada en evidencia que aporte a los tomadores de decisiones, líderes comunitarios y la academia en sus esfuerzos para prevenir la vulneración de derechos humanos en esta zona tan sensible para el país. “Es preciso contextualizar el problema de las economías ilegales y su relación con la vulneración de derechos humanos; así como entender cómo operan estas complejas estructuras”, recalcó el señor De Leo.

La construcción del informe, que recibió el apoyo del equipo técnico de la UNODC del proyecto de Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI-Perú), fue construido por tres consultores especialistas en el área: Cristina Barros, Francis Negrete y Edison Veloz, con información oficial de varias instituciones ecuatorianas como los Ministerios de Defensa y Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Fiscalía General del Estado; Policía Nacional, Agencia de Regulación de Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Ecu911, además de la  Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos.

El análisis permite evidenciar presencia de delincuencia organizada y su influencia en la generación de economías ilegales, además de su estrecha implicación a la vulneración de derechos humanos y de la propia naturaleza; las expresiones de desigualdad como desempleo, falta de acceso a servicios básicos que constituyen factores de riesgo de penetración de economías ilícitas; las condiciones naturales facilitan las operaciones logísticas de grupos delictivos; la expansión de frontera agrícola y minería son las principales causas de deforestación. “No se puede extrapolar estos resultados a otros territorios del país. El análisis está centrado en el área descrita”, señalaron los autores.

Finalmente, el informe recoge algunas recomendaciones, entre ellas, fortalecer el análisis con trabajo en territorio y la vigilancia periódica de los territorios a través del monitoreo de cultivos ilícitos.