Bogotá, septiembre de 2024.- La Contraloría General de la República y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) unieron fuerzas para fortalecer la lucha contra los delitos ambientales y, en este propósito, comenzaron a realizar talleres de capacitación sobre el tema a funcionarios de las contralorías territoriales.
La iniciativa es liderada por la Contraloría delegada para el Medio Ambiente, a través de su Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales, con el apoyo del proyecto ECOS, un esfuerzo conjunto entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y UNODC.
El objetivo principal de estos talleres es fortalecer las capacidades institucionales de las contralorías territoriales en la lucha contra los delitos ambientales, integrando de manera efectiva estos temas en las auditorías y controles ambientales.
El pasado 23 de agosto se realizó el primer taller, en Medellín, que contó con la participación de 78 funcionarios, capacitados en la inclusión de delitos ambientales y finanzas criminales dentro de las auditorías ambientales.
Esta capacitación es crucial, ya que permite a los entes de control abordar de manera integral los desafíos que presenta la gestión ambiental en Colombia, asegurando que se identifiquen y sancionen correctamente las actividades ilícitas que afectan el medio ambiente.
“Estamos compartiendo y socializando con nuestros auditores las nuevas herramientas de control fiscal ambiental que hemos desarrollado. La primera es el procedimiento para la verificación de los principios de desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales, mediante el cual les otorgamos herramientas que les permitan vigilar el tema ambiental de una forma más amigable”, destacó María Fernanda Rojas, directora de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales de la delegada de Medio Ambiente.
Durante este primer taller se socializó también la Guía de control fiscal a los instrumentos ambientales, que recoge unos análisis y una compilación de las licencias y permisos, de manera que el auditor pueda llegar a la normatividad aplicable de una manera práctica.
Por su parte, el Coordinador Regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente, Leopoldo Fernández Herce, comentó lo siguiente:
"Desde UNODC, estamos comprometidos en fortalecer las capacidades de las instituciones colombianas para enfrentar los delitos ambientales. Estos talleres son una manifestación concreta de nuestro trabajo conjunto con la Contraloría General y USAID, y representan un esfuerzo clave para asegurar que las auditorías ambientales sean herramientas efectivas en la lucha contra la criminalidad que amenaza nuestros ecosistemas”.
Temas de criminalidad integrados en las auditorías
Estos talleres, que se llevarán a cabo en 15 departamentos de Colombia, desde el 23 de agosto hasta el 4 de diciembre de 2024, no solo fortalecen las capacidades técnicas de las Contralorías, sino que también promueven una mayor conciencia sobre la importancia de integrar temas de criminalidad ambiental en los procesos de auditoría.
Al incluir delitos ambientales y finanzas criminales en las auditorías, se garantiza una gestión más robusta y efectiva del control ambiental, lo que es esencial para la protección de los recursos naturales y la biodiversidad en el país.
Los resultados esperados incluyen una mejora significativa en las capacidades de las Contralorías para abordar la fiscalización ambiental, así como una mayor efectividad en la identificación y sanción de delitos ambientales.
Proyecto ECOS
El proyecto regional ECOS tiene como objetivo la cooperación regional para combatir los delitos ambientales y ha sido fundamental en la organización y ejecución de estos talleres, aportando su experticia en temas como sancionatorios ambientales y su relación con los delitos que afectan la sostenibilidad del medio ambiente.
La colaboración con las contralorías regionales es un paso decisivo para asegurar que estas instituciones cuenten con las herramientas necesarias para fiscalizar y sancionar efectivamente a quienes violen las normativas ambientales.
