Lima (Perú), 15 de marzo de 2024 – Perú cuenta desde hoy con un Mecanismo de coordinación para la identificación y referenciación de casos de trabajo forzoso y/o trata de personas con fines de explotación laboral, un hito importante en la lucha contra este delito en el país sudamericano.
El mecanismo es el resultado de un trabajo articulado entre dos agencias del Sistema de Naciones Unidas: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - gracias al apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA) en el marco del proyecto “Respuesta a los casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso en América Latina”; y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); las que brindaron asistencia técnica en el proceso de construcción y validación de este instrumento.
El proceso estuvo bajo el liderazgo de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) y la participación el Ministerio del Interior (MININTER), la Policía Nacional del Perú (PNP); la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
El trabajo colaborativo con las entidades del sector público fue destacado por Thomas Wissing, Director Adjunto de la OIT para los Países Andinos. “Este mecanismo permitirá coordinar las acciones de identificación y referencia de casos bajo el mandato de cada una de las instituciones para generar jurisprudencia, para llevar a la justicia a los responsables de estos delitos y para mandar un mensaje claro y contundente de que en el Perú no se tolera el trabajo forzoso y la trata de personas”, dijo durante el acto oficial de presentación en la que participaron unas 60 personas, entre operadores de justicia y funcionarios de las entidades mencionadas.
Por su parte, Gilberto Zuleta, Oficial Regional del Programa Global contra la Trata de Personas UNODC, destacó que, en el último Informe Mundial de Trata de Personas de esa Oficina, por primera vez el trabajo forzoso (38.8%) igualó e incluso superó a la explotación sexual (38.7%) como principal finalidad de este delito.
“El estatus migratorio irregular es otro de los factores de vulnerabilidad frente al delito de trata de personaspor la falta de documentación y de medios de vida formales", anotó Gilberto Zuleta, Oficial Regional del Programa Global contra la Trata de Personas
Juan Carlos Villena Campana, Fiscal de la Nación, se refirió a la pertinencia de contar con el mecanismo y de la coordinación interinstitucional formada con ese fin. “Es
imperativo que reconozcamos la complejidad y la gravedad de los desafíos que enfrentamos. Para ello, resulta necesario optimizar nuestra capacidad para identificar y referenciar adecuadamente los casos que requieren una respuesta penal. Es por eso que la implementación de este mecanismo constituye un paso crucial hacia una respuesta más eficaz y coordinada”, dijo, al tiempo de agradecer la asistencia técnica de las agencias.
En el Perú, el número de casos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzoso ha ido en aumento de manera paulatina, según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del MININTER, entre 2020 y 2022. Sin embargo, en cuanto a las denuncias de trata de personas, entre enero de 2019 y agosto de 2021, se han identificado 24 denuncias por el delito de trabajo forzoso, según cifras del Sistema de Información al Trabajo Fiscal (SIATF) y el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) del Ministerio Público. Además, hasta julio de 2021, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha identificado ninguna persona procesada ni sentenciada por este delito.
En ese contexto, se identificó la necesidad de contar con un mecanismo que fortalezca la coordinación interestatal entre instituciones del sistema de justicia penal y las administrativas que realizan acciones de inspección laboral, así como control migratorio, verificación y fiscalización migratoria, para identificar y referenciar presuntos casos de trabajo forzoso y/o trata de personas con fines de explotación laboral.
Es importante precisar que, este mecanismo se aplicará bajo un plan piloto con una duración aproximada de entre 6 a 9 meses. Este proceso buscará, a mediano plazo, la consolidación del trabajo en conjunto en la adopción de una herramienta intersectorial, tal y como precisó el Fiscal de la Nación.
