Debido a su carácter pluriofensivo, la criminalidad por la comisión de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes supone una grave amenaza para los derechos humanos, la seguridad humana, el desarrollo y el Estado de derecho.
Es por esto, que los sistemas de justicia penal se encuentran llamados a adoptar un marco de debida diligencia de forma que, con su actuar, puedan reducir los índices de impunidad y transmitir un mensaje de cero tolerancia frente a estos fenómenos y sus causas más profundas. Se hace crucial incorporar en las investigaciones un enfoque de género respetuoso de los derechos humanos que, a su vez, priorice en la práctica el principio de centralidad de la víctima y procure una observación interseccional.
Esto permitirá que los operadores jurídicos de los Ministerios Públicos y sus investigadores generen respuestas adecuadas que resulten coherentes con las necesidades de quienes, en razón a sus características personales, han sufrido una serie de afectaciones diferenciales producto de violaciones a los derechos humanos y el ejercicio de múltiples formas de violencia ocurridas durante procesos de migración irregular o, tras haber sufrido unas formas de explotación específicas.
Adicionalmente, este abordaje arrojará claridad sobre cómo se ha desenvuelto el involucramiento y participación de los distintos actores que intervienen en la comisión de estos delitos y/o que hacen parte de las redes y grupos de delincuencia organizada.
No integrar esta perspectiva, serviría de terreno fértil para reproducir el accionar delictivo e, igualmente, aportará a normalizar un trato discriminatorio dentro de los sistemas de justicia penal, promoviendo así acciones de victimización secundaria.
Justamente, el Proyecto Turquesa implementado por UNODC e INTERPOL reconoce la complejidad y el alto nivel de especialización que requiere la investigación y persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, para poder incorporar adecuadamente una perspectiva de este tipo.
Dentro de su línea de análisis criminal, el Proyecto se ha propuesto desarrollar una serie de documentos técnicos, incluyendo uno que sirva como herramienta de consulta para facilitar la integración de la perspectiva de género y derechos humanos en la labor de los órganos y autoridades encargadas de la persecución de estas conductas durante cada una de las fases de investigación.
Este
documento se encuentra estructurado en cuatro acápites. El primero realiza un breve recuento conceptual y, el segundo, normativo y jurisprudencial; sobre aspectos clave a considerar para la incorporación de la perspectiva de género como parte de la obligación internacional de la debida diligencia reforzada para la protección y promoción de los derechos humanos en la respuesta de la justicia penal frente a los delitos objeto de estudio.
Un tercer capítulo da cuenta del marco metodológico adoptado por los cuerpos de investigación para identificar cómo los Estados y expertos internacionales consideran que actualmente se está incorporando la perspectiva de género en la investigación. Con esto, se procederá a introducir un cuarto y último acápite con una serie de “guías” o pautas con respecto a las consideraciones que deben tener presentes los cuerpos de investigación para facilitar la integración de esta perspectiva a lo largo de las distintas fases que guían su labor.
