El mundo conmemora por primera vez el Día internacional contra la delincuencia organizada transnacional. La agencia contra la droga y el delito advierte que solo una respuesta coordinada entre los países podrá hacer frente a redes criminales que no conocen fronteras.
Este 15 de noviembre, las Naciones Unidas conmemoran, por primera vez, el Día internacional para prevenir y combatir todas las formas de delincuencia organizada transnacional. Se trata de una jornada dedicada a concienciar sobre las amenazas que plantea este tipo de delincuencia y la importancia de intensificar la cooperación internacional para hacer frente a estos retos.
Del tráfico de personas, drogas y fauna silvestre, a la minería ilegal, el crimen organizado transnacional tiene lugar en todo el mundo y adopta muchas formas. Sin embargo, allá donde ocurre causa los mismos perjuicios: debilitamiento de la gobernanza, corrupción, violencia, muerte y destrucción. Esto amenaza la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.
Liderada por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), la campaña de este año se centra en el tema El crimen organizado roba, corrompe y mata. Es momento de unirnos para combatirlo.
“Juntos -gobiernos del norte y del sur, bancos y empresas, sociedad civil y comunidades, jóvenes y mayores- podemos hacer frente a la delincuencia organizada, en todas partes, por la seguridad y la protección, por el desarrollo y los derechos humanos, por la prosperidad y la paz”, declaró la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, en su mensaje para este día.
Poner el foco en la cooperación internacional no es aleatorio, sino crucial, como ilustran algunos ejemplos del trabajo de campo de UNODC. Al conversar con Noticias ONU, la representante regional de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur destaca que casi todo el crimen organizado es transnacional; no ocurre dentro de un solo país, sino que a menudo cruza fronteras dentro de las regiones, e incluso, más allá.
Así, la conmemoración de esta jornada busca impulsar la acción de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y el público en general, señala Candice Welsch.
La agencia trabaja con los países a nivel local, nacional e internacional para fortalecer sus capacidades y que puedan entender cuáles son los desafíos y cómo contrarrestarlos.
“Trabajamos mucho para fortalecer la cooperación entre los países y que puedan compartir información e inteligencia entre las fuerzas policiales; o que las agencias fronterizas y los fiscales puedan llevar a cabo operaciones conjuntas”, señala Welsch.
Este esfuerzo global se basa en las convenciones internacionales, incluida la Convención internacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).
Adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 2000, esta Convención es el único instrumento mundial jurídicamente vinculante vinculante con el que los gobiernos se comprometen a actuar contra la delincuencia organizada. Con 192 Estados parte, es una de las convenciones más ratificadas del mundo.
En la Región Andina y el Cono Sur, el eje principal del crimen organizado es la producción de cocaína. Según estimaciones de la UNODC, el cultivo de arbusto de coca en Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas en 2023, mientras que la producción potencial de la cocaína se situó en las 2664 toneladas métricas en 2022.
Welsch apunta a que el fenómeno se concentra en las zonas fronterizas. “El 67% de la producción está concentrada en los departamentos de Nariño y Putumayo, que tienen frontera con Ecuador, y en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. También observamos que la droga se trafica a ese país para distribuirlo al resto del mundo. Incluso, hemos detectado recientemente cultivos nuevos de coca en el propio país de Ecuador”.
La responsable regional destaca que no es solamente un problema de narcotráfico. Los grupos que operan en Colombia y Ecuador están igualmente involucrados en todo tipo de criminalidad, como la minería ilícita, la deforestación y la tala ilegal y el tráfico de especies, incluyendo en las islas Galápagos. También hay flujos de migrantes que son muy vulnerables a delitos como la trata de personas.
Todo ello tiene un impacto sobre la seguridad de muchas comunidades vulnerables, especialmente en la zona de frontera y en los puertos, prosigue Welsch, ya que se produce un aumento de la violencia provocada por las bandas, altos niveles de homicidios y riesgos para las comunidades indígenas y las poblaciones jóvenes, quienes están expuestos al reclutamiento.
Durante las últimas décadas, el cultivo de coca ha sido el sustento de comunidades campesinas con pocas oportunidades económicas. En este contexto, uno de los ejes de trabajo de UNODC en el país es apoyar la implementación de programas de desarrollo alternativo que sean durables y sostenibles.
“Lo que tratamos de hacer con los programas de desarrollo alternativo es ofrecer a estas comunidades formas para transitar hacia las economías lícitas y hacia un futuro más seguro”, señala Welsch.
Para la agencia, es importante entender qué oportunidades existen en cada comunidad, cuáles son los desafíos y cómo desarrollar los programas con los líderes comunitarios.
Los programas incluyen cultivos lícitos como el café, el cacao, el pimiento, la vainilla y sacha inchi, una fruta seca original del Amazonas que tienen un alto valor nutricional. “Tenemos un programa de finanzas de KOICA [Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur] y estamos trabajando con 700 familias para cultivar sacha inchi y otros productos en la región”.
Facilitar el tránsito a economías lícitas no es una medida que tomen solo en Colombia. En Afganistán, un país asolado por la pobreza, el cultivo de opio, sigue siendo muy atractivo y lucrativo, a pesar de la prohibición impuesta por los talibanes de cultivarlo en 2022 y un descenso de su producción del 95% en 2023.
De hecho, el cultivo remontó en un 19% en 2024, abarcando unas 12.800 hectáreas. Sin embargo, los niveles actuales siguen siendo sustancialmente inferiores a los de 2022, cuando se cultivaron 232.000 hectáreas.
Según UNODC, uno de los factores que explican el resurgimiento podría ser la dificultad económica a la que se enfrentan los agricultores.
En el primer semestre de 2024, los precios del opio seco se situaron en torno a los 730 dólares por kilogramo, lo que supone un fuerte incremento respecto a los niveles anteriores a la prohibición, que rondaban los 100 dólares.
Aunque la reducción significativa de este cultivo ilícito, del que se produce la heroína, es beneficiosa para el mundo, tiene lugar a expensas de muchos agricultores sin medios alternativos para generar ingresos.
Desde que los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021, la ONU ha estado operando en Afganistán bajo un Marco de Compromiso de Transición. Con sus operaciones limitadas en gran medida a lo humanitario básico, la Organización ha estado identificando nuevas formas de llevar a cabo sus actividades de desarrollo a través de sus socios, sin apoyar directamente a las autoridades de facto.
En concreto, UNODC trabaja para desarrollar la capacidad de los agricultores y las comunidades vulnerables del país a través de esos socios.
Uno de ellos es el Comité Danés de Ayuda a los Refugiados Afganos (DACAAR), que se encarga de empoderar a mujeres de la comunidad de Dogabad, en Kabul, mediante proyectos de desarrollo alternativo.
Estos proyectos se centran en proporcionar a los pequeños agricultores rurales y a las comunidades afectadas por las drogas actividades lícitas de generación de ingresos para reducir su dependencia de la adormidera o el riesgo de que se produzcan.
Las mujeres beneficiarias de Dogabad reciben crías de pollo, pienso y formación en avicultura, con el objetivo de dar a las familias y comunidades afectadas por las drogas cierta seguridad alimentaria e ingresos básicos.
Desde 2016, la UNODC ha apoyado a más de 85.000 hogares a través de proyectos de desarrollo alternativo. La agencia ha adoptado una estrategia a corto y medio plazo para garantizar la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, crear modelos sostenibles que alejen a los agricultores de la industria de la adormidera.
Con la caída de producción en Afganistán, Myanmar se convirtió en el mayor productor de opio del mundo en 2023, según UNODC, con 1080 toneladas métricas, un 36% más que en 2022. Los resultados de la encuesta sobre el opio de 2024 se publicarán en diciembre.
Myanmar es parte del llamado Triángulo de Oro, que abarca ese país, la República Democrática Popular Lao, y Tailandia. Se trata de uno de los mayores corredores de tráfico de drogas del mundo.
En el estado de Shan, en Myanmar, se produce la mayor parte de la heroína y el opio, pero también drogas sintéticas como la metanfetamina. La producción de drogas tiene lugar en zonas a menudo muy remotas donde las fronteras están abiertas y son porosas. El país se enfrenta, además, a complejos problemas de gobernanza, lo que facilita el tráfico.
A pesar del aumento de la producción de opio, la metanfetamina es ahora la droga dominante según los datos de incautaciones, que se han multiplicado por cuatro entre 2013 y 2022.
Además, los grupos delictivos se han diversificado recientemente hacia otras actividades ilícitas, como las estafas en línea, el tráfico de especies silvestres y el blanqueo de dinero.
Muy desarrolladas en el Sudeste Asiático, las operaciones de estafa se aprovechan de la infraestructura de casinos y zonas económicas especiales en los vacíos de gobernanza, con el producto del romance, la lotería, las inversiones y extorsiones.
Mientras que algunos grupos utilizan cada vez más la inteligencia artificial, incluida la clonación de voz, en las llamadas de estafa, los trabajadores humanos de los centros de estafa son a menudo ellos mismos víctimas de trata y obligados a cometer delitos.
Para UNODC, esta situación requiere que los gobiernos cooperen a varios niveles, especialmente en las fronteras, donde tiene lugar el tráfico. Esto significa compartir información y llevar a cabo operaciones conjuntas para detener la llegada a Myanmar de los productos químicos necesarios para fabricar drogas sintéticas e impedir el tráfico de cientos de toneladas de drogas en sentido contrario.
Esta es la razón por la que la agencia ha apoyado la creación de unas 120 oficinas fronterizas de coordinación en toda la región, que permiten a los organismos encargados de la aplicación de la ley compartir información y actuar.
“Para los Estados puede resultar difícil colaborar en este tipo de cuestiones de seguridad. Ahí es donde la ONU puede intervenir y desempeñar un papel especial para ayudar a facilitar el diálogo entre ellos”, dijo a Noticias ONU el recién nombrado responsable de Gabinete y asesor estratégico del director ejecutivo y hasta hace poco representante regional de UNODC en el Sudeste Asiático y el Pacífico.
Jeremy Douglas dijo que sin duda que el apoyo ofrecido en esa región es un concepto transferible. “Hay otros lugares en el mundo, por ejemplo, en América Latina, que se beneficiarían de seguir el modelo establecido en el sudeste asiático”, señaló.
El trabajo de UNODC no se limita a los países productores de cultivos ilícitos. La responsable regional para la Región Andina y el Cono Sur subraya que en muchas áreas está aumentando el consumo de nuevas drogas sintéticas que plantean nuevos riesgos, particularmente en Norteamérica con la crisis del fentanilo.
También está aumentando el consumo en nuevas zonas como Asia y África, lugares donde tradicionalmente no había habido tanto consumo de drogas.
“Por lo tanto, es muy importante que todos los países del mundo tomen medidas para crear conciencia sobre la necesidad de proteger la salud pública, los peligros de las drogas y prevenir el consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes, que son particularmente vulnerables”, afirma Candice Welsch. En este sentido, la responsable regional destaca que han establecido programas que trabajan con los padres, los maestros y las comunidades.
Welsch señala que otro aspecto clave para reducir la demanda es garantizar que las personas que necesitan ayuda puedan obtenerla. “Descubrimos que solo una de cada 11 personas en todo el mundo que necesita tratamiento farmacológico puede acceder a él. Necesitamos trabajar con los gobiernos para fortalecer la disponibilidad de tratamiento a las personas que tienen un consumo problemático de drogas”.
Además, UNODC continúa trabajando para compartir estándares y buenas prácticas internacionales el sector sanitario y otras organizaciones de la sociedad civil.
La entrada de estupefacientes también genera violencia, según datos de la agencia. En Europa Occidental y Central, los puertos del Mar del Norte están consolidando su posición como principal punto de entrada al gran mercado de la cocaína de la región. Allí, han observado un aumento de los niveles de delincuencia, incluida la corrupción, la intimidación y la violencia relacionada con la lucha de las bandas por el control del mercado.
Además, el tráfico de drogas es sólo una de las actividades lucrativas de los grupos de delincuencia organizada transnacional. El fraude organizado es una preocupación creciente para los Estados miembros.
Los delitos contra la fauna y la flora silvestres están interconectados con las actividades de grandes y poderosos grupos de delincuencia organizada que operan en algunos de los ecosistemas más frágiles y diversos, desde el Amazonas hasta el Triángulo de Oro. La delincuencia organizada transnacional -incluido el tráfico de oro y combustible- está privando a los países empobrecidos del Sahel de unos ingresos muy necesarios y repercute negativamente en la paz y la seguridad, los derechos humanos, la gobernanza y el desarrollo sostenible.
“A pesar de estos desafíos, hay esperanza”, apunta Welsch, enfatizando que UNODC seguirá trabajando con los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los individuos para lograr un progreso real. “La única manera de superar los programas mundiales es impulsar la acción internacional. Es por eso que UNODC une sus fuerzas con todos los actores para ayudar a garantizar nuestro futuro común”.