La delincuencia organizada transnacional es un fenómeno complejo que requiere un enfoque integral de la sociedad para combatirla. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) permite a los países colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada. Además, debido a la naturaleza compleja de la delincuencia organizada, la UNTOC aboga por que los países adopten un enfoque multisectorial para su implementación, lo que incluye la participación de partes interesadas no gubernamentales como ONG especializadas, la academia y el sector privado.
En 2018, durante la 9ª sesión de la Conferencia de las Partes (CdP), se adoptó un Mecanismo de Examen de la aplicación de la UNTOC mediante la resolución 9/1. El Mecanismo de Examen se lanzó en 2022 mediante la resolución 10/1 de la 10ª sesión de la CdP. Los Procedimientos y Normas del Mecanismo de Examen alientan a los gobiernos a preparar sus respuestas al cuestionario de autoevaluación a través de consultas amplias a nivel nacional con todas las partes interesadas pertinentes, incluyendo, según corresponda, el sector privado, individuos y grupos fuera del sector público, organizaciones no gubernamentales y el ámbito académico, teniendo en cuenta las especificidades de la Convención y sus Protocolos. Para promover la participación fructífera de las partes interesadas no gubernamentales en el proceso de revisión, los Procedimientos y Normas también contemplan Diálogos Constructivos después de la conclusión de las reuniones de los grupos de trabajo.
Para facilitar este proceso, la UNODC implementa el proyecto de Participación de las Partes Interesadas en la UNTOC (Proyecto SE4U) desde 2019 con el apoyo financiero de los Estados Unidos. El objetivo del proyecto SE4U es construir confianza y fomentar la colaboración entre los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales para un proceso de revisión de la UNTOC efectivo y con impacto a través de capacitaciones, intercambio de información, oportunidades de colaboración a nivel nacional e internacional para abordar los desafíos específicos presentes en los países e identificar oportunidades y prioridades de cooperación en la lucha nacional contra la delincuencia organizada.
