BOGOTA, 20 de diciembre de 2006 (UNODC). Colombia necesita hacer más para luchar contra el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas y especialmente de munición, pero la percepción de un país plagado por una cultura de violencia indiscriminada es incorrecta. El nuevo estudio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Drogas y el Crimen así lo muestra.
El estudio, titulado "Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia", dice que, paradójicamente, el uso de las armas de fuego en el país está altamente controlado y regulado por diferentes actores, incluyendo grupos criminales e insurgentes así como el gobierno.
"El problema es que aunque estas armas ilegales estén relativamente "controladas", son usadas muy eficientemente para generar niveles de violencia letal a diferencia de otros casos en el resto del mundo", dice el informe.
"El Gobierno enfrenta el reto significativo de lograr el desarme de esos grupos y reducir la violencia", dijo el Director Ejecutivo de UNODC Antonio Maria Costa. "Necesita también fortalecer los mecanismos de control de armas mediante el fortalecimiento de las leyes de penalización del tráfico de armas y del porte ilegal de las mismas".
El Señor Costa dijo que "la cooperación regional y un mayor control en las fronteras son esenciales para destruir los vínculos entre narcotráfico, delincuencia organizada e insurgencia".
Aunque Colombia tenga una de las tasas de homicidio más altas en el mundo, el estudio de UNODC muestra que hay poca evidencia de masacres aleatorias.
"La violencia en Colombia no es indiscriminada ni generalizada, es altamente selectiva", dijo Pablo Casas, director del estudio.
El informe muestra que el flujo de armas ilegales hacia el país es limitado, las armas son recicladas constantemente y utilizadas eficientemente, lo que conlleva a que lo más importante sea el control del flujo de munición. "Esto podría llegar a ser potencialmente aún más crítico que el tráfico ilegal de armas", agregó el informe.
Revisando la experiencia de Colombia en desarme, desmovilización y reinserción de grupos armados, el estudio concluyó: "Las campañas voluntarias de desarme y restricción al porte de armas legales han tenido efectos marginales en la reducción de violencia, pues ésta es ejercida principalmente por grupos criminales".
Mientras el estudio dijo que Colombia merecía el elogio por sus esfuerzos regionales e internacionales para regular las armas pequeñas y ligeras, se presentaron ciertas debilidades en algunas áreas.
Estas debilidades incluyen la falta de capacidad institucional para controlar el tráfico ilícito, la insuficiente cooperación internacional especialmente por parte de países vecinos, el manejo de procesos de desarme, el control de armas en las manos de compañías privadas de seguridad y el procesamiento de información con respecto a las armas y el crimen.
Las fuerzas del orden carecen de capacidad operacional y autonomía para trabajar efectivamente y existe una brecha significativa entre la inteligencia y las operaciones. "Con respecto al tráfico ilegal de armas, la inteligencia preventiva es prácticamente inexistente", mostró el informe.
El hecho de que el porte ilegal de armas es excarcelable tiene consecuencias muy serias. "A menudo, la posesión de un arma es la única evidencia que las autoridades pueden utilizar para procesar sospechosos por delitos graves tales como tráfico ilegal de drogas, crímenes de lesa humanidad y tráfico ilegal de armas," dice el informe.
El documento completo está disponible aquí.
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