Viena, 10 de febrero de 2020 (Servicio de Información de las Naciones Unidas) - La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) concluyó su 127° sesión en Viena, sostenida del 3 al 7 de febrero de 2020.
Durante este período de sesiones, la JIFE continuó el monitoreo de acontecimientos relacionados con la implementación de obligaciones legales internacionales por parte de los Estados en el marco de las tres convenciones de fiscalización internacional de drogas, en línea con su mandato como un órgano de vigilancia de los tratados.
El 5 de febrero de 2020, la Junta sostuvo una reunión con los Estados Miembro para discutir su trabajo y presentar el Informe Anual de la JIFE correspondiente a 2019, así como el Informe de Precursores que será lanzado a nivel global el 27 de febrero de 2020.
En su intervención, el Presidente de la JIFE, el Señor Cornelis de Joncheere, señaló el carácter cuasijudicial de la Junta, su independencia técnica y administrativa y su imparcialidad, los cuales son indispensables para su funcionamiento y para promover la implementación efectiva de los tratados de fiscalización internacional de drogas. También enfatizó las importantes labores y responsabilidades que la Junta tiene en el marco de la Convención de 1988.
El Presidente también subrayó la importancia de la Junta y su estrecha colaboración y diálogo con los gobiernos. "La cooperación con los gobiernos de los Estados Parte es esencial para consolidar, no sólo el cumplimiento de los tratados, sino también para salvaguardar la salud y el progreso de la humanidad y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 3, para asegurar vidas sanas y promover el bienestar para personas de todas las edades".
La Junta se reunió con el Presidente de la Comisión de Estupefacientes para discutir los preparativos de la 63° sesión de las Comisiones en marzo de 2020, en la cual el Presidente de la Junta presentará oficialmente sus informes a los Estados Miembro. Durante la Comisión, la JIFE también expondrá sus recomendaciones para añadir el alfa-fenilacetato de metilo (MAPA), un precursor utilizado en la fabricación ilícita de anfetamina y metanfetamina, bajo control internacional, en línea con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
Tras señalar que "las alternativas a los precursores controlados continúan emergiendo en todo el mundo y plantean retos al sistema internacional de control de precursores", el Presidente reiteró el llamado de la Junta a los Estados Miembro para que participen durante la próxima sesión de la Comisión de Estupefacientes, en un diálogo de políticas sobre la forma de abordar a nivel mundial las sustancias químicas no clasificadas, especialmente los precursores de diseño.
La Junta examinó las conclusiones de sus misiones a Madagascar, Mauritania, Nueva Zelanda y Trinidad y Tobago, a cuyos gobiernos transmitirá sus recomendaciones. En este contexto, el presidente de la JIFE reconoció el papel fundamental que desempeñaron las misiones de campo para fomentar el diálogo y la comprensión de la situación de la fiscalización de drogas a nivel nacional.
La JIFE dio la bienvenida a la Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Señora Ghada Waly, y el Presidente destacó que: "Mis colegas en la Junta y yo esperamos colaborar de manera estrecha junto con usted en la próxima implementación de las tres convenciones sobre fiscalización internacional de drogas y asistir a los gobiernos para este fin".
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La JIFE es un órgano independiente cuasijudicial encargado de promover y vigilar el cumplimiento de tres convenciones por parte de los gobiernos: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Los trece miembros del Consejo, establecido por la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, son elegidos a título personal por el Consejo Económico y Social por un período de cinco años.
