Viena, 09 de febrero de 2021 (Servicio de Información de las Naciones Unidas) – La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) finalizó su 130º sesión en Viena. A pesar de los retos planteados por la pandemia de COVID-19, la JIFE ha dado continuidad a su labor de monitoreo del sistema internacional de control de drogas y al apoyo prestado a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los convenios internacionales en materia de drogas. Durante la apertura de este tercer período híbrido de sesiones, el Presidente de la JIFE, el Señor Cornelis de Joncheere, enfatizó el compromiso de la Junta de asegurar el funcionamiento del sistema internacional para el comercio lícito de sustancias controladas y de apoyar a los Estados para garantizar el acceso a estupefacientes y sustancias psicotrópicas son fines médicos y científicos, a pesar de la pandemia por COVID-19.
A lo largo de la semana pasada, la Junta discutió la necesidad de garantizar que los Estados Miembro cuenten con herramientas adecuadas para el suministro internacional de medicamentos controlados durante crisis como la actual pandemia. Además, la Junta está trabajando con los Estados Miembro, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras contrapartes para actualizar los lineamientos que garantizan el acceso internacional a medicamentos controlados durante las emergencias.
Los resultados de la reciente reunión del grupo de personas expertas de la Junta sobre los requisitos de control y seguimiento del cannabis y otras sustancias relacionadas para fines médicos y científicos están siendo estudiados. A este respecto, la Junta decidió seguir trabajando con los Estados Miembro mediante una serie de consultas, con especial atención en los países que producen cannabis y sustancias afines con fines médicos.
Se examinaron las actividades recientes del Programa Global de Interdicción Rápida de Sustancias Peligrosas (GRIDS, por sus siglas en inglés) de la Junta. El Programa sigue colaborando con los Estados Miembro para mejorar su capacidad de aplicar la ley en la detección e identificación de nuevas sustancias psicoactivas y para promover la cooperación transfronteriza y el intercambio de información mediante el uso de los instrumentos y proyectos especializados de la JIFE.
El pasado 03 de febrero, la JIFE informó a los Estados Miembro el contenido de su Informe Anual 2020 y el Informe sobre Precursores, que se presentarán en todo el mundo el 25 de marzo de 2021 junto con un informe especial para conmemorar los aniversarios 60 y 50 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, respectivamente. El Informe Anual 2020 incluye un capítulo temático centrado en la epidemia oculta del consumo de drogas entre personas mayores. El informe también incluye un análisis del impacto de la pandemia de COVID-19 en la disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos y en el uso y tráfico de drogas ilícitas.
Durante la sesión, la Junta sostuvo reuniones con la Presidenta de la Comisión de Estupefacientes (CND, por sus siglas en inglés), la Señora Dominika Anna Krois, y con la Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Señora Ghada Waly, así como con representantes de la OMS y de ONUSIDA. El Señor de Joncheere expresó el compromiso de la Junta de reforzar la cooperación con sus aliados para hacer frente al problema mundial de las drogas y alcanzar las metas de las convenciones internacionales de control de drogas, los instrumentos relacionados y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 3: Salud y bienestar.
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La JIFE es un órgano independiente cuasijudicial encargado de promover y vigilar el cumplimiento de tres convenciones por parte de los gobiernos: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Los trece miembros del Consejo, establecido por la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, son elegidos a título personal por el Consejo Económico y Social por un período de cinco años.
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