Ciudad de México, 4 de julio del 2019 - A partir del 2008, México transitó de un sistema penal inquisitorio a un sistema de justicia penal acusatorio (SJPA), lo que implicó un rediseño jurídico e institucional para lograr esta transformación. Una vez concluido el proceso de implementación, en 2016, la fase de consolidación enfrenta retos significativos como la estandarización, verificación y monitoreo de los operadores, para corroborar la efectividad del SJPA.
Consciente de esta dificultad, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y el organismo internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia de los Estados Unidos de América (Department of Justice en inglés) generaron el proyecto "Herramienta de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio".
El proyecto se enfoca en conocer el estado de consolidación del SJPA en México a través de una herramienta de análisis que tiene la finalidad de optimizar la operación del sistema procesal penal. Lo anterior permitirá acompañar la consolidación operativa de las instituciones de procuración y administración de justicia de las entidades federativas, reafirmando el mandato de la UNODC de acompañar a construir organismos sólidos, contribuyendo con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16: justicia, paz e instituciones sólidas) y, a la par, mejorar el derecho humano al acceso a la justicia para las personas que inician una causa penal en instancias judiciales.
El proyecto se desarrolla en tres etapas generales: calibración, implementación y presentación de recomendaciones. Actualmente y desde enero, se encuentra en la etapa de calibración en los estados de Oaxaca, San Luis Potosí y Coahuila, donde se probó la herramienta para garantizar que, en efecto, refleje el cumplimiento de los estándares de desempeño.
El titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, el Magistrado Constancio Carrasco Daza, expresó que el reto esencial de la reforma penal (publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación) fue establecer un Sistema de Justicia que garantizara el debido proceso en un Estado democrático y a través de él, combatir la impunidad y restituir la confianza pública en la impartición de justicia [1] .
El proyecto de consolidación está por dar paso a la etapa de implementación, que implica la aplicación de la herramienta calibrada en los 32 estados de la República, esto con el fin de medir el desempeño de operadores y condiciones de las salas del SJPA.
En esta fase se aplicarán herramientas que permitirán realizar un diagnóstico sobre el trabajo de los funcionarios clave del SJPA dentro de las audiencias. Estos operadores son: Fiscalía, que comprende al Policía Investigador, Ministerio Público, Facilitador y Perito; respecto al Tribunal se incluye al Juez de Control y Juez de Juicio Oral; en Seguridad Pública se implica al Policía Primer Respondiente (estatal/municipal), y a la Defensoría Pública del Estado.
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Yezka Garza
