La fuerza estabilizadora de la independencia institucional

Jueza Edith Mushore

La jueza Edith Mushore actualmente se desempeña como jueza en el Tribunal Superior de Zimbabue. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas. 

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El concepto de independencia judicial, en su sentido teórico, puede parecer un asunto banal o poco disputado. Sin embargo, cuando se pone en práctica al desempeñar las funciones que uno tiene como juez, se convierte en un tema capcioso que es crucial para impartir una justicia real y sólida. La realidad es que la independencia institucional del poder judicial llega hasta la mismísima raíz de la obligación ética y constitucional que tienen los jueces al ejercer su función de cuidar a las personas que acuden a ellos. Sin embargo, es fundamental que el juez no sienta el peso de la posibilidad de sufrir consecuencias negativas que puedan surgir por la decisión que tomó.

Es entonces cuando la inamovilidad juega un papel decisivo en ayudar a un juez a llegar a una resolución sin miedo de sufrir un castigo, una sanción o la censura. En Zimbabue, al igual que en la mayoría de las democracias constitucionales, la inamovilidad está consagrada en la Constitución. Se establece que ni el estado ni cualquier institución, agencia o persona puede interferir con el funcionamiento de los tribunales. Al mismo tiempo, el juez debe cumplir con un deber que emana de la Constitución y que le exige comportarse de una manera que mantenga al poder judicial al margen de cualquier reproche.

Recientemente, el estado de la independencia judicial en Zimbabue fue sujeto a un intenso escrutinio público e internacional, tanto durante las elecciones presidenciales y parlamentarias como en el período inmediatamente posterior. Los intereses en juego llegaron un nivel sin precedentes, ya que la noción de democracia había vuelto a reinar en el electorado después de 37 años. El ambiente tan politizado del país pujaba por la necesidad urgente de jueces del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional para que se desempeñaran con un nivel ejemplar de independencia y transparencia. Cualquier impresión por parte de los ciudadanos de que la rama ejecutiva estaba presionando al poder judicial o de que esta estaba siendo imparcial con respecto a cualquier candidato parlamentario por la elección podía desatar disturbios espontáneos capaces de desestabilizar el país. 

Aquí es cuando el concepto de independencia de decisión se vuelve una herramienta de supervivencia clave y necesaria sobre la cual apoyarse cuando la magnitud de la responsabilidad de sostener el estado de derecho se vuelve abrumadora. Al seguir el ejemplo de los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y al recordar que la Constitución custodiaba mi posición como jueza de la División Electoral del Tribunal Superior, fui capaz de ampararme en el fundamento de la independencia de decisión y supe que observando los hechos a través de la ley ni yo ni mi decisión podrían ser sujetas a sanciones ni castigos. Después de todo, ¿qué mejor forma hay para volver manifiesta la independencia del poder judicial que hacer uso de la ley para defender una decisión judicial? Al fin y al cabo, el principal denominador común que subyace la materialización de la independencia judicial es la ley en sí.