Tres claves son vitales para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes en Suramérica

 

Quito, Lima, Viena, 19 de mayo de 2021.- La  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) junto con el Gobierno de Chile y el apoyo de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, REDTRAM, organizaron el evento paralelo sobre tráfico de migrantes denominado Rutas en el Sur: Una respuesta regional y coordinada al tráfico ilícito de migrantes en Suramérica, en el marco de la 30ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) que se celebra en formato híbrido entre el 17 y el 21 de mayo en Viena, Austria.

 

La cita estuvo moderada por el Representante de la UNODC para Perú, Ecuador y la Subregión del Cono Sur  (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), Antonino De Leo; junto él estuvieron Antonio Segovia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Publico de Chile;Rosario López Wong, Fiscal Coordinadora contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Perú;Dennys Freddy Achá, Fiscal Especializado en Trata y Tráfico de Personas en Cochabamba, Bolivia; y, Carolina Suazo, Fiscal Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes en Chile.

 

Los participantes tuvieron la compleja tarea de esbozar la ruta del delito en sus respectivos países, los retos enfrentados y las buenas prácticas que han arrojado resultados concretos frente a la prevención, persecución, judicialización y protección a las víctimas del delito. Todo ello profundizado por dos elementos: los flujos migratorios mixtos y la pandemia por COVID19.

 

“La evidencia nos alerta sobre las redes criminales y sus operaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los migrantes objetos de tráfico – violencia sexual, trata de personas, desapariciones y asesinatos en las rutas – que afectan de manera diferenciada y desproporcionada a mujeres, niños y niñas”, dijo el señor De Leo y recordó que para el año 2016 había estimaciones de al menos 2.5 millones de migrantes traficados en el mundo, y ganancias para los traficantes entre los 5 y 7 billones de dólares estadounidenses.

 

El representante de Chile, Antonio Segovia, analizó las herramientas de cooperación para enfrentar el delito. “Equipos conjuntos de investigación, en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) permiten un abordaje integral del fenómeno transnacional del tráfico de migrantes. La interacción pude ayudar a desbaratar la organización criminal en países de origen, tránsito y destino. La cooperación directa entre autoridades competentes puede ser utilizada en procesos penales”, dijo.

 

Al respecto, la fiscal Rosario López Wong, destacó el trabajo de los equipos conjuntos entre Perú y Chile que ha evitado dilaciones en las investigaciones. Subrayó, además, los avances del país andino en esta materia: especialización en la Función Judicial; la aprobación de un protocolo en vigencia desde 2019; guía práctica para enfrentar los delitos informáticos –con la pandemia las redes dedicadas al tráfico de migrantes se tomaron las redes sociales-; campañas dirigidas a la población y le enfoque transversal de género. “Esto nos ha permitido sancionar el delito promoviendo el pleno derecho de migrantes que se encuentran en tan terrible situación”, concluyó.

 

Dennys Freddy Achá, de Bolivia, puso la lupa sobre el complejo escenario que resultó para su país las consecuencias de la emergencia sanitaria global en el tema del tráfico ilícito de migrantes y la respuesta interinstitucional para enfrenar los flujos migratorios mixtos. “Los migrantes no tienen documentos, los municipios dispusieron cuarentenas rígidas para frenar el avance de la pandemia. Los grupos humanos fueron atendidos no solo por el Ministerio Público, sino por Migración, Salud, y las instituciones vinculadas con los derechos de niñez y adolescencia”, dijo.

 

Finalmente, dentro de estas rutas hacia el sur, pero además desde una perspectiva de la cooperación, la fiscal Carolina Suazo cerró el evento paralelo haciendo un llamado a no criminalizar a la población migrante, especialmente a las víctimas de delitos; a priorizar la atención a niñas, niños y jóvenes que cada vez en mayor número viajan completamente solos; a mapear a los migrantes abandonados en las rutas, fenómeno que se profundizó durante el cierre de fronteras en 2020 y a atender a la población en materia de derechos humanos. “Perseguimos un objetivo común y la asistencia en el intercambio de información nos vuelven más ágiles frente al delito; estamos trabajando en una matriz de análisis de información y tenemos una relación con funcionarios de la red ISON de Interpol.  En la actualidad tenemos cuatro equipos de investigación”.

 

Los fiscales agradecieron el constante apoyo de la UNODC.

19 de mayo de 2021
Quito, Lima, Viena