Proyecto Regional STAND

Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores 

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Problemática

No todos los estados en la región tienen la capacidad adecuada para gestionar las grandes cantidades de drogas ilícitas y sustancias químicas incautadas por las fuerzas del orden. Esto ha llevado a la improvisación de lugares de almacenamiento temporal, que a menudo están saturados. Estos lugares suelen ser instalaciones policiales que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad física y química necesarios para el almacenamiento de estas sustancias. Esta situación no solo pone en riesgo a los oficiales encargados de su custodia, sino también a la población en general y al ambiente. Esta problemática se ha acentuado particularmente en el Ecuador al convertirse en unos de los principales puntos de exportación de drogas ilícitas con destino Norteamérica y Europa.

Objetivos

  • Diseñar y desarrollar procesos de fortalecimiento institucional que permitan llevar a cabo la disposición final adecuada y expedita de drogas y sustancias químicas incautadas,
  • Mejorar los procesos de control y prevención del desvío de sustancias químicas utilizadas en la producción ilícita de drogas.

¿Cuáles son los resultados esperados?

  • Diseño e implementación de un plan nacional de disposición final de drogas y sustancias químicas incautadas.
  • Fortalecimiento de las instituciones a responsables de los procesos de disposición final y control de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
  • Minimización de los inventarios actuales de drogas ilícitas y sustancias químicas que se encuentran en custodia del estado.
  • Fortalecimiento regional a través del intercambio de buenas prácticas y generación de líneas de comunicación directa entre los homólogos de los países.

¿De qué se trata?

El proyecto está orientado a brindar asistencia técnica a los estados para el desarrollo de estrategias para la gestión adecuada de drogas ilícitas y sustancias químicas incautadas a través de la aplicación de métodos costo efectivos y ambientalmente responsables, precautelando la integridad y salud de los funcionarios a cargo de estas actividades.

¿Cuál es la población objetivo?

Funcionarios de instituciones de aplicación de la ley y administración de justicia.