Problemática
En el período de octubre de 2022 a marzo de 2023, la corrupción continúa siendo la principal preocupación en Perú, según un 54.1% de la población. La Contraloría General del Estado estima que la corrupción habría ocasionado pérdidas económicas de alrededor de S/24.419 millones en 2022, con un 56% atribuible a gobiernos regionales y municipalidades. Un 81% de las personas percibe un aumento en la corrupción en los últimos cinco años, mientras que solo un 10% mantiene la esperanza de su reducción. El gobierno central es percibido como una de las instituciones más afectadas por la corrupción por primera vez desde 2004.
Objetivos
- Fortalecer la capacidad institucional del Estado peruano para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción.
¿Cuáles son los resultados esperados?
- Adopción de buenas prácticas en materia de técnicas de investigación, cooperación internacional, negociación de acuerdos y otros aspectos de importancia, hitos que contiene la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
- Contar con un sector privado fuerte que promueva y fomente los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas para la construcción de la seguridad y estabilidad económicas, el desarrollo social y la inversión internacional es tarea de todas y todos.
¿De qué se trata?
Con el apoyo de la Embajada Británica, UNODC desarrolla este proyecto que tiene como objetivo fortalecer el diseño, la implantación y eficacia de los programas de cumplimiento como mecanismo de prevención frente a la responsabilidad corporativa por delitos de corrupción en la región.
¿Cuál es la población objetivo?
Fiscalías anticorrupción; Superintendencias de sociedades y de mercados de valores; Procuradurías anticorrupción; Policía y Jueces