Nueva ley obliga a funcionarios públicos a presentar declaración de bienes en Paraguay

Asunción, 24 de enero de 2014 - Mediante una nueva ley, los funcionarios y contratados del Estado paraguayo están obligados a presentar en adelante la declaración jurada de sus bienes y rentas al ingresar y terminar sus funciones. Esta nueva reglamentación que pretende ser una herramienta de control y transparencia para frenar el enriquecimiento ilícito y combatir la corrupción dentro de la gestión pública. La ley 5.033/13 entró en vigencia desde el 8 de enero pasado.

Con el objetivo de explicar los alcances de esta nueva disposición, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organizó a mediados de enero el "Taller de Articulación y Socialización de la Reglamentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Funcionarios Públicos", en el salón de las Naciones Unidas en Asunción.

El encuentro contó con la presencia del contralor general de la República, Lic. Oscar Rubén Velázquez, quién junto a los técnicos de la Contraloría, hizo una breve exposición de la Ley  5.033 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que dispone la obligatoriedad de los Funcionarios Públicos a presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos.

La Contraloría General de la República es el órgano encargado de aplicar el nuevo marco legal y, en ese sentido, está facultado a establecer los mecanismos para recibir, estudiar, ordenar y archivar las documentaciones, además de impulsar las investigaciones necesarias, tanto dentro y fuera del territorio paraguayo, para determinar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas.

La no presentación del requisito impone sanciones a los funcionarios que van desde la multa de  300 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, cesantía, según el caso o la inhabilitación para ocupar cargos públicos sean como nombrados o contratados y de ser electos en elección popular, por el término de 10 años.

Otro importante avance en materia legal en Paraguay es la obligación de realizar concursos de oposición para ocupar un cargo vacante dentro de las instituciones del Estado, de manera a garantizar la igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, orientar hacia el mejoramiento de los servicios  públicos que impactan positivamente en la ciudadanía.

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