"No puede haber una salud penitenciaria aislada de la política pública estatal"

Juez Martín Vázquez Acuña. (foto: UNODC)El juez argentino Martín Vázquez Acuña es uno de los más importantes expertos en el área jurídica relacionada a políticas sobre drogas. Él integra la comisión nacional coordinadora de políticas públicas en materia de prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, instituida por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, con el objeto de elaborar y proponer políticas públicas nacionales y regionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el lavado de activos, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes, estableciendo espacios institucionales interministeriales, intergubernamentales e interregionales, a fin de coordinar un accionar conjunto para la optimización de las políticas públicas.

El juez Vázquez estuvo en Brasil para participar del 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado en la ciudad de Salvador, y concedió la siguiente entrevista a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):  

¿Qué buena práctica de Argentina usted ha presentado en el Congreso?

La buena práctica que hemos implementado en Argentina se compone de intervenciones en actividades conjuntas del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Justicia, en un programa que se llama "Salud para Justicia, Justicia para incluir". En este marco de intervención, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo, porque hablamos de incluir. Cuando hablamos de incluir, hablamos de desarrollar planes sociales, intervenciones en materia de adicciones y que las personas privadas de su libertad, cuando sale, tenga ya contacto con sistemas sanitarios.

¿Usted cree que la salud es un aspecto ignorado en el sistema carcelario?

Hubo en cambio de paradigma. Se entendió que debemos alinear las políticas de salud carcelaria con las políticas de salud del Ministerio de la Nación, porque no puede haber una salud penitenciaria aislada de la política pública estatal. Ese es el cambio de paradigma. Eso implica en una coordinación entre distintos programas: VIH/SIDA, adicciones, salud mental, salud reproductiva, suministro de medicamentos gratuitos y el servicio penitenciario.  También hubo otras intervenciones, como la capacitación en materia de derechos humanos y bioética a profesionales de salud, porque son las personas encargadas de reguardar la salud de las personas privadas de su libertad, dentro del ámbito carcelario, y ellos son los que deben denunciar si hay malos tratos o no.

¿De qué trata el plan de acción de la comisión de la cual usted participa?

Creemos que debe haber un plan dirigido con varias acciones. Por un lado, un sistema penal fuerte para el tráfico de estupefacientes, para el lavado de dinero, para el desvío de precursores. Por otro lado, un plan integral de asistencia al usuario, inclusive reducción de daños. Como dice el sr. Costa, jefe de la UNODC, tiene que haber adecuación en las penas, tiene que haber proporcionalidad. Efectivamente no hay más que penalizar los usuarios de drogas, sino que debemos ir en el camino de poner todos los esfuerzos de las agencias judiciales y policiales en la persecución del narcotráfico, del lavado de dinero y del desvío de precursores.

Recientemente un fallo en Argentina cambió la postura penal en relación a la posesión de drogas. ¿Qué significó ese fallo?

El fallo Arriola tiene dos componentes importantísimos. Por un lado, el derecho a la privacidad de cada persona, el principio de autonomía, el derecho de decidir un estilo de vida y el principio lesividad, es decir, tiene que haber lesividad de un bien ajeno, porque la autolesión no es punible. Este es el principio básico de respeto a la decisión que tomó esta persona de tener droga siempre y cuando, por supuesto, no la exhiba y no promocione el consumo. Por el otro lado, el fallo llama a las agencias estatales que efectivamente fijen una política integral de atención al usuario de drogas y de represión del tráfico de drogas.

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional para las políticas sobre drogas?

La cooperación internacional es siempre necesaria porque el narcotráfico es, por supuesto, un delito trasnacional. Hay alguien que compra y alguien que vende. Y eso pasa por distintas jurisdicciones. Hay alguien que lucra con esto, que lucra con las vidas de las personas. Por eso, creo que la cooperación es fundamental.

Todas las noticias