Cumplimiento Judicial: Un modelo de gobernanza para gestionar el riesgo de corrupción y garantizar la calidad e integridad del poder judicial

Kennia Alvarado Villalobos se desempeña como Oficial de Cumplimiento en el Poder Judicial de Costa Rica y es responsable de implementar el programa de cumplimiento judicial en Costa Rica.

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El crimen organizado y la corrupción, junto con las tentaciones del poder político para controlar todo y privar a la maquinaria pública de controles y equilibrios, se identifican como las mayores amenazas a la independencia judicial y la integridad.[1] 

En respuesta a esta situación desafiante, el poder judicial de Costa Rica ha fortalecido las capacidades institucionales y sus recursos humanos para contrarrestar la corrupción. Ha adoptado un modelo institucional para combatir y prevenir este problema a través de la Iniciativa de Cumplimiento Judicial.

El cumplimiento judicial abarca una serie de medidas respaldadas por la alta dirección del poder judicial, destinadas a abordar casos de corrupción y fraude organizacional. Estas acciones siguen un enfoque basado en riesgos, que abarca la prevención, identificación y respuesta al fenómeno, asegurando que todas las actividades y acciones del personal cumplan con los requisitos y obligaciones legales. Guiado por los principios de imparcialidad, objetividad e independencia, el objetivo del cumplimiento judicial es mantener la integridad en la toma de decisiones.

En 2019, el poder judicial de Costa Rica estableció la Oficina de Cumplimiento, encargada de gestionar de manera orgánica y técnica los riesgos internos de corrupción, el fraude organizacional y las amenazas de infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.

En marzo de 2019, entró en vigor el Reglamento para la Prevención, Identificación y Manejo Adecuado de Conflictos de Interés en el poder judicial de Costa Rica. Este reglamento facilitó la adopción de las mejores prácticas, involucrando al personal judicial en la gestión transparente de intereses privados que podrían influir indebidamente en el ejercicio del cargo público. La norma establece la responsabilidad del personal de divulgar y gestionar conflictos de interés, salvaguardando la imparcialidad, independencia y objetividad tanto formal como informalmente. Este marco regulatorio también se integra en el proceso de selección y contratación de recursos humanos para garantizar la idoneidad ética y técnica de los solicitantes de un puesto en el aparato judicial.

El poder judicial también ha asumido la responsabilidad de crear herramientas para la formación y concientización de su personal y usuarios del sistema. Ha introducido una herramienta tecnológica interactiva, el Simulador de Conflictos de Interés para el Poder Judicial, que sirve como guía práctica y promotor de la gestión preventiva en esta área.

Otra medida adoptada fue el fortalecimiento del sistema de control interno al incorporar la Metodología de Riesgo de Corrupción, una herramienta técnica especializada que evalúa los procesos críticos para una mejor administración y refuerzo del control de riesgos. Como resultado, se construyen catálogos de riesgos de corrupción en procesos aplicados, documentando y registrando riesgos para la atención, seguimiento y mejora continua.

Además, la Política de Integridad y Anticorrupción, aprobada en noviembre de 2022, simboliza el compromiso organizativo de combatir la corrupción basándose en tres pilares: (i) gobernanza para la dirección organizativa; (ii) enfoque y gestión de riesgos de corrupción y fraude organizacional interno; y (iii) alineación con marcos regulatorios. Esta política resulta de armonizar el enfoque de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento (GRC), crucial para la articulación institucional, el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades instaladas para garantizar el logro del camino delineado: tolerancia cero a la corrupción. Esta política incluye un plan de acción que involucra cambios estructurales, organizativos y de gestión, abarcando 11 áreas temáticas, 71 áreas de acción, 50 metas estratégicas y 87 objetivos operativos. El plan designa a las partes responsables de la implementación e incluye un sistema de gestión para monitorear y evaluar el progreso y el cumplimiento de metas, permitiendo la verificación y establecimiento de medidas correctivas, si es necesario, en línea con los objetivos establecidos.

Para el poder judicial de Costa Rica, la adopción de estas acciones destacadas y similares, en aspectos estructurales, normativos y de gestión, se alinea con el interés de la organización en fortalecer la capacidad institucional para combatir la corrupción pública con una política de tolerancia cero. Esto se realiza a través de la construcción de un sistema comprensible, medible, aplicable a todos los niveles de la institución y adaptable a los cambios que puedan poner en peligro el logro de sus objetivos y metas.

Esta política subraya el compromiso público con la integridad judicial por parte de sus líderes y la población judicial hacia la sociedad costarricense, el institucionalismo y la prestación de servicios de administración de justicia.