Access to Information and Justice in the Inter-American Court of Human Rights for the Defence of Human Rights during the Pandemic

Juez Ricardo C. Pérez Manrique, Corte Interamericana de Derechos. Anteriormente fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República del Uruguay.

La pandemia de COVID-19 ha planteado nuevos y severos desafíos para la defensa de los derechos humanos, afectando especialmente a los grupos de personas más vulnerables y haciendo patente la profunda desigualdad del mundo en que vivimos.

América Latina es una de las zonas más desiguales del planeta, y por lo tanto la incidencia de la pandemia ha sido en consecuencia muy profunda y riesgosa para los Derechos Humanos. Millones de personas sin sustento diario para sobrevivir ni atender su salud, así como niñas y niños cuyo acceso al derecho a la educación depende exclusivamente de su conexión a internet.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración el 9 de abril, apenas iniciada la pandemia en la región, “COVID-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales,”[1] llamando a afrontar la pandemia con el pleno respeto a los instrumentos Interamericanos de protección de los derechos humanos y en el marco del estado de derecho. De esta declaración, destaco tres aspectos: el llamado a un acceso a la información veraz y verificable, así como a internet; la alerta contra las tecnologías de videovigilancia y, por último, el acceso a la justicia y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

“Los desafíos del COVID-19 deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales, en especial en cuando al acceso a una información veraz y verificable y el acceso a la justicia y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos” [2]

Además, en lo jurisdiccional la Corte ha dictado medidas provisionales en algunos casos que tratan de la protección de personas, entre ellas mujeres niñas y niños en establecimientos para migrantes. La Corte instó a los gobiernos nacionales a tomar diversas medidas de prevención y atención de la salud de estas personas algunas con COVID-19 o en riesgo de contraerlo. En este sentido, a Corte ha realizado una expresa convocatoria a la necesaria cooperación internacional para atender este tipo de problemas vinculados con la circulación migratoria entre Estados, en particular durante la pandemia.

A nivel interno, la Corte también ha puesto en marcha un dispositivo de trabajo y de tramitación de casos que permita su funcionamiento en las condiciones derivadas de la pandemia. Por ello se realizan audiencias por medios electrónicos, de la misma forma sesiona el pleno de la Corte y se ha continuado el funcionamiento del tribunal dictando sentencias, resoluciones de supervisión de cumplimiento de fallos y medidas provisionales, entre otras. Siendo de especial relevancia las audiencias sobre solicitudes de opiniones consultivas en las que se oye tanto a Estados como a diversas organizaciones e individuos.

Igualmente, se ha realizado una activa política de comunicación de todas sus actividades y decisiones, promovido seminarios y cursos y la creación de una red de periodistas interesados en la temática de los derechos humanos en la región.

El acceso a la justicia interamericana es esencial para la vigencia de los Derechos Humanos en situaciones de catástrofe como la presente, y así lo ha entendido la Corte, que ha actuado para que las personas de la región tengan acceso a reclamar sus derechos ante el tribunal y a todas sus decisiones y actividades.