Los juicios en Mauricio se celebran tradicionalmente en audiencia pública en presencia de asesores jurídicos, partes litigantes, testigos y personal judicial. En circunstancias normales el público también tiene acceso físico a los tribunales y a las secciones administrativas en horario de oficina. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 plantea nuevos retos a métodos antiguos y ha obligado a la judicatura a ampliar sus operaciones virtuales.
El Gobierno de Mauricio ordenó el confinamiento el 20 de marzo de 2020 en virtud del artículo 79 de la Ley de Salud Pública para frenar la propagación de la COVID-19, siendo una medida extraordinaria que podía limitar o suspender los derechos y libertades fundamentales.
¿Pueden los jueces llevar mascarillas durante un juicio? La COVID-19 nos plantea esta pregunta inédita, revelando el actual conflicto de valores.
Si los juicios contribuyen a la propagación del virus, la confianza del público en el poder judicial puede verse socavada. El deber de un juez para con sus funciones es excesivo si ponen en riesgo su vida o su salud.
Sin embargo, el desempeño de la función judicial en el momento oportuno quizá sea más importante que nunca. Según los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, un juez deberá desempeñar todas las funciones judiciales con celeridad razonable. En la República de Corea, en lugar de un cierre obligatorio y a gran escala, el Gobierno ha impuesto una auto confinamiento obligatorio sólo a los grupos de alto riesgo. El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones penales.
The global COVID-19 pandemic is bringing to the forefront the weaknesses of criminal justice systems across the globe to ensure access to justice. Many states have resorted to closing courthouses and delaying proceedings as social distancing measures to prevent the spread of the virus. A key common feature of these measures is to keep defendants away from courthouses and even away from their lawyers. However, a defendant's right to be tried in person in an open court is a fundamental component of the right to a fair trial enshrined in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la propagación de la COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional. Todos los países han tomado medidas contra la aparición y la propagación de la pandemia y la consiguiente emergencia sanitaria. La mayoría han declarado estados de emergencia y adoptado medidas restringiendo la circulación de personas cerrando fronteras aéreas, terrestres y marítimas, así como, en algunos casos, el aislamiento social obligatorio.
Estas medidas incluyen la restricción de algunos derechos fundamentales reconocidos por los Estados en sus respectivas constituciones. Es precisamente en este contexto en el que se ven afectadas las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente las personas con discapacidades y los mayores. Por lo tanto, es necesario que los sistemas judiciales adopten las garantías necesarias para proteger los derechos de los más vulnerables.
La COVID-19 ha viajado rápidamente desde diciembre del año pasado. Viajó con millones de turistas y se expandió primero a Europa y a Estados Unidos y luego al resto del mundo. Al principio gradual e imperceptiblemente, luego exponencialmente. La OMS la declaró pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando el número de personas infectadas era de "sólo" 118.000 y el número de fallecidos de 4.291. Con más de 3,5 millones de personas infectadas y más de 250.000 muertos hasta el día de hoy, el mundo ha erigido nuevas fronteras y se está tornando irreconocible.
