La Justicia durante y después de la pandemia

Hanne Juncher

Hanne Juncher es la Jefa del Departamento de Justicia y Cooperación Jurídica de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa. Todas las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de la autora como experta externa y no reflejan necesariamente la posición oficial de la UNODC. Esta es una traducción no oficial realizada por Voluntarios de las Naciones Unidas.

______________________________

Los sistemas de justicia de los Estados miembros del Consejo de Europa se han visto profundamente afectados por la pandemia de COVID-19. Se han  introducido medidas en la mayoría de los sistemas judiciales a fin de respetar el distanciamiento social y, al mismo tiempo, prestar un nivel mínimo de servicio en los casos en los que el aplazamiento tendría consecuencias especialmente adversas. Este es el caso, en particular, de los procedimientos relativos a los niños, las custodias, la violencia doméstica y las detenciones. Debemos celebrar esta capacidad de respuesta.

Los Estados, con razón,  han dado prioridad a todas las cuestiones relacionadas con sus sistemas de salud y la economía. A ello debería sumarse el reconocimiento de la importancia de garantizar el acceso a la justicia, de que las demandas se sigan resolviendo de manera justa y en un plazo razonable, de que los derechos se sigan defendiendo y los abusos se detecten y sancionen. Convendría que los Estados adoptaran una actitud proactiva para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en sus sistemas de justicia y estudiaran soluciones tanto a corto como a largo plazo. Es prioritario que se levanten las restricciones que han sido necesarias durante este período extraordinario. ¹

Una vez que se reanuden, parcial o totalmente, las operaciones normales de los tribunales, tal vez haya que adoptar medidas para garantizar que se resuelvan los atrasos acumulados, respetando al mismo tiempo todas las garantías procesales. Para ello, es posible que los Estados tengan que asignar recursos adicionales para lograr la capacidad adicional necesaria. Los Estados en los que se estaban llevando a cabo reformas judiciales antes de la pandemia se enfrentarán a dificultades aún mayores a la hora de garantizar que pueden tramitar el volumen de casos ordinarios, así como los resultantes de la menor productividad durante los períodos de encierro o confinamiento. En los sistemas con un elevado número de puestos vacantes de jueces y fiscales, existe el riesgo de que el acceso a la justicia sufra aún más.

La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa ha elaborado una serie de instrumentos y directrices sobre la optimización del rendimiento de los tribunales, el manejo de los atrasos en los tribunales, el trabajo con plazos para diferentes tipos de asuntos, la gestión del cambio hacia la ciberjusticia y la incorporación de las opiniones de los usuarios de los sistemas de justicia y los tribunales. Estos recursos adquirirán especial relevancia cuando se trate de reabrir todos los tribunales y restablecer el funcionamiento normal, tanto si se trata de casos urgentes como si no, e independientemente de si se trata de un procedimiento en formato virtual o físico.

El Consejo de Europa, incluido el CEPEJ, está dispuesto a colaborar con los Estados miembros y sus instituciones para ayudar a encontrar y aplicar soluciones a los tipos de problemas que se exponen aquí, y a cualquier otra dificultad que puedan tener los Estados a la hora de cumplir sus compromisos en el ámbito de la justicia.

Para impulsar esta misión, el CEPEJ ha creado un blog que tiene por objeto compartir y comparar experiencias y prácticas en el ámbito de la organización de operaciones judiciales de emergencia y ayudar así a los Estados miembros del Consejo de Europa a diseñar mejor las medidas de emergencia y responder adecuadamente a los desafíos actuales.

¹ Véase también " Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID 19 sanitary crisis - A toolkit for member states", publicado por el Secretario General del Consejo de Europa el 7 de abril de 2020.