Lucha contra la corrupción en Bolivia

La corrupción no tiene rostro, es apátrida y no deja firma, por ello es muy difícil combatirla. No obstante, su presencia socava la democracia y el estado de derecho de los países, da pie al florecimiento de la delincuencia organizada y, lo peor de todo, afecta principalmente a los más pobres, porque desvía los recursos destinados a mejorar su calidad de vida. Por todo esto la corrupción es un obstáculo muy importante en la lucha contra la pobreza y para el desarrollo.

Este fenómeno no es ajeno a Bolivia. Como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Bolivia en 2006, el Estado boliviano asumió el compromiso de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, tanto en el sector público como el privado; establecer mecanismos de cooperación con otros Estados para perseguir actos de corrupción a través de la cooperación judicial y/o policial; recuperar bienes procedentes de actos corruptos; e intercambiar asistencia técnica.  La tarea es ardua y compleja y requiere principalmente del compromiso, la coordinación y la eficacia, tanto de todas las instituciones que conforman los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, como de ciudadanos comunes y la sociedad civil en su conjunto.

La UNODC, a través de un programa de asesoría, ayuda principalmente al Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la implementación práctica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Esta acción se realiza coordinando esfuerzos para que se implementen requerimientos comunes con la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, diseñando una estrategia nacional contra la corrupción y capacitando a policías, fiscales y servidores públicos en general.