Cumplimiento Judicial: Un modelo de gobernanza para gestionar el riesgo de corrupción y garantizar la calidad e integridad del poder judicial
El crimen organizado y la corrupción, junto con las tentaciones del poder político para controlar todo y privar a la maquinaria pública de controles y equilibrios, se identifican como las mayores amenazas a la independencia judicial y la integridad. En respuesta a esta situación desafiante, el poder judicial de Costa Rica ha fortalecido las capacidades institucionales y sus recursos humanos para contrarrestar la corrupción. Ha adoptado un modelo institucional para combatir y prevenir este problema a través de la Iniciativa de Cumplimiento Judicial.
El cumplimiento judicial abarca una serie de medidas respaldadas por la alta dirección del poder judicial, destinadas a abordar casos de corrupción y fraude organizacional. Estas acciones siguen un enfoque basado en riesgos, que abarca la prevención, identificación y respuesta al fenómeno, asegurando que todas las actividades y acciones del personal cumplan con los requisitos y obligaciones legales. Guiado por los principios de imparcialidad, objetividad e independencia, el objetivo del cumplimiento judicial es mantener la integridad en la toma de decisiones.
¿Compromete la sobrecarga judicial la independencia y autonomía de los jueces?
No hay discusión ni foro sobre la administración de justicia en el que no se mencione la independencia judicial como pilar del estado constitucional de derecho. Debe preservarse contra amenazas reales o percibidas de otras autoridades, especialmente del poder ejecutivo.
La Constitución de Colombia establece que Colombia es un Estado social de derecho y que la judicatura es independiente. Por lo tanto, el poder judicial no puede ni debe ser sometido a situaciones de interferencia abierta o encubierta por parte del poder ejecutivo, grupos económicos o armados.
Buenas prácticas en la promoción de la igualdad de género en la administración de justicia en Bolivia
Los esfuerzos que se están realizando en el Órgano Judicial boliviano en materia de promoción de la igualdad de género tienen como objetivo contribuir a una administración de justicia eficaz, de acuerdo con las normas éticas existentes y la integridad judicial. Para ello, el Comité de Género del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional han impulsado y siguen promoviendo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y la implementación de medidas para combatir las desigualdades en la administración de justicia. Ya estamos viendo el impacto positivo de las medidas adoptadas, y a través de este artículo de opinión queremos compartir con ustedes algunas de las buenas prácticas identificadas.
El primer paso fundamental hacia la igualdad de género en la justicia fue la creación del Comité de Género en y para el Órgano Judicial en 2013. El Comité de Género está integrado por Magistradas de los Tribunales de máxima instancia de Justicia de Bolivia incluyendo al Consejo de la Magistratura. Desde su creación, el Comité de Género se ha convertido en una instancia consultiva en Bolivia para la articulación y promoción de acciones positivas para salvaguardar los derechos de las mujeres. Un ejemplo concreto de su trabajo y uno de sus principales logros ha sido la creación de la Política Institucional de Igualdad de Género para el Órgano Judicial de Bolivia, que se basa en las experiencias de otros países latinoamericanos y promueve la igualdad de género en la administración de justicia.
La función judicial y los límites éticos de una justicia virtual
La virtualidad ofrece soluciones alternativas cuando no es posible un contacto directo y personal, sobre todo en la actualidad dadas las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a su vez existen riesgos de que las aparentes ventajas que puede exhibir el sistema virtual, generen una falsa apariencia de comunicación eficaz que construya un consenso sobre la conveniencia de convertir en regla la herramienta excepcional y transitoria de administración virtual de justicia que llevase a una despersonalización del sujeto y una deshumanización del proceso.
Por lo tanto, la pregunta correcta no es sobre las posibilidades de instrumentar esta nueva forma de administrar la justicia penal, sino si ello es deseable en una futura nueva normalidad tras la pandemia.
