La COVID-19 ha viajado rápidamente desde diciembre del año pasado. Viajó con millones de turistas y se expandió primero a Europa y a Estados Unidos y luego al resto del mundo. Al principio gradual e imperceptiblemente, luego exponencialmente. La OMS la declaró pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando el número de personas infectadas era de "sólo" 118.000 y el número de fallecidos de 4.291. Con más de 3,5 millones de personas infectadas y más de 250.000 muertos hasta el día de hoy, el mundo ha erigido nuevas fronteras y se está tornando irreconocible.
Los sistemas de justicia de los Estados miembros del Consejo de Europa se han visto profundamente afectados por la pandemia de COVID-19. Se han introducido medidas en la mayoría de los sistemas judiciales a fin de respetar el distanciamiento social y, al mismo tiempo, prestar un nivel mínimo de servicio en los casos en los que el aplazamiento tendría consecuencias especialmente adversas. Este es el caso, en particular, de los procedimientos relativos a los niños, las custodias, la violencia doméstica y las detenciones. Debemos celebrar esta capacidad de respuesta.
Los Estados, con razón, han dado prioridad a todas las cuestiones relacionadas con sus sistemas de salud y la economía. A ello debería sumarse el reconocimiento de la importancia de garantizar el acceso a la justicia, de que las demandas se sigan resolviendo de manera justa y en un plazo razonable, de que los derechos se sigan defendiendo y los abusos se detecten y sancionen.
La Corte de Justicia del Caribe (CCJ) es un tribunal internacional con sede en Trinidad y Tobago. La CCJ tiene tanto una jurisdicción basada en un tratado comunitario (muy similar a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Europa), como una jurisdicción de apelación final a la que actualmente se suscriben cuatro Estados del Caribe. Su dotación se extiende a 80 funcionarios, incluidos siete magistrados. En respuesta a la COVID-19, el tribunal adoptó medidas especiales para proteger la salud y la seguridad del personal y de los jueces, al tiempo que siguió garantizando el acceso a los usuarios de los tribunales.
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara como pandemia el nuevo Coronavirus (COVID-19), muchos países han optado por aplicar cierres totales o parciales en un esfuerzo por controlar su propagación. La situación de acceso al sistema de justicia en Uganda es la misma que en el resto del mundo, ya que incluso antes de que se confirmaran casos de COVID-19 en el país se le aconsejó a la población que siguiera una serie de medidas de seguridad recomendadas por la OMS, incluyendo el auto-confinamiento y el distanciamiento social. Estas medidas afectaron sin duda el día a día de los tribunales. El 21 de marzo de 2020, Uganda notificó su primer caso de COVID-19, dando lugar a un cambio de paradigma.
Desde 1979 el Tribunal Supremo de la India reconoce el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, un parecer defendido por los juristas Mauro Cappelletti y Bryant Garth. 1 En aras de lograr este objetivo, el Parlamento aprobó en 1987 la Ley de Entidades de Servicios Jurídicos. Gracias a esta ley, las mujeres, los niños, los detenidos y otras personas desfavorecidas tienen acceso gratuito a asistencia y asesoramiento jurídicos.
La COVID-19 ha supuesto un obstáculo insospechado para el acceso a la justicia.La primera reacción de los tribunales en la India fue limitar el número de abogados y partes litigantes que podían acceder a sus instalaciones. Sin embargo, debido al gran volumen de casos pendientes y admitidos, la cantidad de casos diarios no se redujo de manera considerable, llevando a numerosos tribunales a restringir la admisión de asuntos a los "urgentes" y, más adelante, a los "muy urgentes".
