En tiempos en los que los conflictos violentos, el desplazamiento económico y un clima cambiante causan niveles más altos de incertidumbre y miedo alrededor del mundo, movimientos autoritarios y no democráticos intentan presentarse como el antídoto de tales problemas. En cambio, la solución debe ser el estado de derecho: una fuerza decisiva, estabilizadora y moderadora. Como juezas, debemos asegurarnos de cumplir con nuestras responsabilidades con el grado más alto de excelencia, y a cambio ganarnos la confianza del público, cuyo apoyo es fundamental para el estado de derecho.
El poder judicial no tendrá la confianza de la gente si lo consideran un baluarte del elitismo, la exclusividad y el privilegio arraigado, ajeno a los cambios en la sociedad y a las necesidades de los más vulnerables. En efecto, los ciudadanos van a encontrar dificultades para aceptar al poder judicial como garante de la ley y de los derechos humanos si los mismos jueces tienen actitudes discriminatorias. Es por esto que la presencia de las mujeres es esencial para la legitimidad del poder judicial.
La sextorsión, según lo define la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), es el abuso de poder para obtener un beneficio o ventaja sexual. Como tal, es una forma de corrupción en la que el sexo, y no el dinero, es la dádiva del soborno. No está limitado a algunos países o sectores y puede ocurrir en cualquier lugar en el que aquellos a quien se les confiere poder carecen de integridad e intentan explotar sexualmente a los individuos vulnerables o que dependen de su poder.
La IAWJ explicó en pocas palabras el principio que subyace a la sextorsión: lo que distingue a la sextorsión de otros tipos de conductas sexualmente abusivas es la presencia tanto de un componente sexual como de un componente de corrupción. El componente sexual de la sextorsión surge a partir de un pedido, implícito o explícito, de involucrarse en cualquier tipo de actividad sexual no deseada, desde las relaciones sexuales a la exposición de partes privadas del cuerpo. El componente de corrupción deriva de la persona que demanda un favor sexual y que ocupa una posición de autoridad, de la cual abusan al intentar conseguir, o al aceptar, un favor sexual a cambio de ejercer el poder que se les confirió. En otras palabras, el agresor ejerce su autoridad para su propio beneficio.
La efectividad de cada tribunal depende de su aparente legitimidad, sobre todo ante la mirada del público. Esta percepción requiere no solo que los jueces respeten los más altos estándares de integridad e independencia, sino que también los estados respeten la independencia judicial y no socaven las decisiones judiciales.
Un poder judicial exitoso es uno en el que se nombra a sus miembros luego de un proceso riguroso que evalúa tanto las calificaciones legales del candidato como su integridad. Las distintas constituciones de los países y otras leyes exigen requisitos diferentes, pero es crucial que solo se nombre a las mejores personas para ocupar cargos judiciales. Las judicaturas no deben estar politizadas: esto significa que los partidos en el poder no deben nombrar jueces que respondan ante ellos sino ante la constitución y el público.
En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha un programa mundial de promoción de una cultura de la legalidad, que incluye la creación de una red mundial de integridad judicial para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los retos prioritarios y las nuevas cuestiones relativas a la integridad judicial y la prevención de la corrupción.
Este es un paso importante en el diseño de un lenguaje y perspectiva común entre distintos espacios de Naciones Unidas. Como Relator Especial he expresado ya mi disposición de colaborar con la ejecución de este programa.
Es una lástima que en los medios se discuta sobre la integridad judicial solo cuando se la considera deficiente, pero es entendible. Después de todo, la integridad judicial y la ética deben ser la norma, no la novedad. En todo el mundo, desapercibidos y sin ser mencionados, decenas de miles de jueces, abogados y auxiliares judiciales dedican su vida a defender la inviolabilidad del Estado de derecho, con frecuencia enfrentándose a problemas por ajustes presupuestarios graves, a los ataques contra su independencia y a las tentaciones de la maquinaria bien engrasada de la corrupción, tan difícil de afrontar por sí solos. Cuando la independencia, la imparcialidad y la integridad de los jueces son dudosas, por no decir inmorales, tiemblan los mismos cimientos de la justicia.
