América Latina y el Caribe es una región particularmente afectada por los grupos de la delincuencia organizada que operan de manera transfronteriza y están asociados con los altos niveles de violencia en la región.
El acceso a armas de fuego ilícitas por parte de estos grupos contribuye a agravar el impacto de otros delitos como el tráfico de drogas y la violencia pandillera, entre otros. Paradójicamente, los grupos de la delincuencia organizada florecen parcialmente debido a que se convierten en proveedores de seguridad y medios de subsistencia en comunidades con poca presencia del Estado.
Durante la pandemia, los grupos de la delincuencia organizada parecen haber aprovechado oportunidades para incrementar sus actividades de ciberdelito, así como para fortalecer el control sobre “su territorio” mediante el abastecimiento de suministros esenciales a las comunidades locales.
Más preocupante es la alta probabilidad de que los grupos de la delincuencia organizada en la región estén desviando fondos destinados a la recuperación e infiltrándose en las economías legales a través de negocios legítimos, principalmente en los sectores del comercio minorista, el transporte y la industria hotelera, que luchan por sobrevivir a los efectos de la pandemia.
En función de la expansión del virus, los gobiernos fueron introduciendo medidas más estrictas de movilidad social que en muchos países requirieron de una mayor atención y participación de las fuerzas del orden, debilitando su capacidad de hacer frente a la delincuencia.

Como en otras regiones, los grupos de la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe no están involucrados únicamente en el tráfico de drogas (tema que será abordado específicamente más adelante), sino en una amplia variedad de actividades ilícitas como la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas, ciberdelito, extorsión (especialmente en Centroamérica), así como el tráfico de oro, madera y vida silvestre y otros delitos que tienen un impacto en el ambiente.

1. Apoyar el desarrollo y la ejecución de estrategias nacionales para la implementación de la UNTOC y sus tres protocolos sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de armas de fuego. Lo anterior también apoyaría el recientemente lanzado Mecanismo de Revisión. Este proceso estará acompañado por dos medidas específicas que apuntan a repensar los compromisos a nivel regional.

• Desarrollar e implementar una iniciativa regional sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes para garantizar una respuesta coherente e integrada en la región y complementar el trabajo de otros actores, incluido el Sistema de Naciones Unidas, con especial énfasis en los flujos de migración irregular en la región y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para implementar la UNTOC y sus protocolos.

• Desarrollar e implementar un enfoque específico para el Caribe en materia de tráfico de armas de fuego y en cooperación con CARICOM IMPACS. En el resto de la región se continuará con el trabajo de apoyo a la implementación de hojas de rutas coordinadas; el fortalecimiento de las capacidades para la detección, investigación y el enjuiciamiento; la promoción de acciones basadas en evidencia para monitorear el tráfico de armas y la implementación de operaciones conjuntas en cooperación con otros actores relevantes como INTERPOL.

 

2. Un enfoque más armonizado para continuar apoyando a los Estados Miembro en la implementación de esfuerzos transfronterizos especializados que han demostrado resultados positivos en la detección e interdicción del tráfico ilegal, como el Programa de Control de Contenedores (CCP), el Programa de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) y el Programa Global de Crimen Marítimo (GMCP). Específicamente, UNODC incrementará sus esfuerzos para establecer capacidades contra amenazas emergentes en materia de seguridad marítima, un área de creciente relevancia, a medida que se implementan mayores controles en tierra y aire, lo que genera un incremento en la utilización del espacio marítimo para el tráfico ilícito de bienes, sustancias controladas y personas.

 

3.Una iniciativa regional específica enfocada en el fortalecimiento de las capacidades normativas y operativas para abordar delitos que afectan el medio ambiente y en especial la minería ilícita, el tráfico de vida silvestre, los bosques y los residuos, así como delitos en el sector pesquero. Todos estos mercados criminales suelen estar altamente coordinados en la región y utilizan las mismas redes y facilitadores involucrados en el tráfico de armas de fuego y drogas.

A pesar de los esfuerzos recientes de algunos países de América Latina y el Caribe para fortalecer sus sistemas de justicia penal a fin enfrentar la complejidad de los delitos que afectan al ambiente, se necesita mucho más.
El Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques (GPWLFC) de UNODC continuará liderando esfuerzos para fortalecer, coordinar y construir redes regionales de aplicación de la ley en materia de vida silvestre que reúnan a los organismos nacionales en el intercambio de información, investigaciones y operaciones nacionales y regionales. También seguirá creando capacidad nacional y regional en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, fortaleciendo todos los componentes del sistema de justicia penal para hacer frente a estos delitos con un enfoque integral “desde la escena del crimen hasta el tribunal”, y garantizando la coordinación con los aliados del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, como el Banco Mundial, la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), además de trabajar estrechamente con aliados de la sociedad civil.

 

4. Incrementar el intercambio de información regional y la planificación, coordinación y colaboración basada en evidencia para combatir la delincuencia organizada transnacional, incluso mediante cooperación policial, redes internacionales judiciales y de control de fronteras.

Se priorizarán tres elementos específicos en esta área:

• Elaboración de una Evaluación de Amenazas de la Delincuencia Organizada Transnacional post-COVID como punto de entrada para la adaptación del trabajo existente a las necesidades actuales, garantizando la consolidación y estandarización de datos en materia de drogas y delito.

• Fortalecimiento de las capacidades para abordar el ciberdelito, incluyendo la ciencia forense digital y la promoción de alianzas público-privadas con

compañías del sector tecnología y proveedores de servicios de Internet.

• A través de programas como CRIMJUST, promover el intercambio de información y el desarrollo de plataformas que faciliten la cooperación y coordinación bilateral y multilateral, incluyendo el establecimiento de equipos conjuntos de investigación, en línea con la UNTOC.