La estabilidad sociopolítica y la prosperidad económica están siendo impactadas a nivel global por la corrupción y los delitos económicos. Esto es particularmente cierto en América Latina y el Caribe, donde varios países han experimentado protestas y manifestaciones de descontento y desconfianza en las instituciones gubernamentales, situación que se ha visto agravada por el desafío de gestionar y responder a la pandemia de COVID-19.
La declaración política de la UNGASS sobre corrupción que tuvo lugar en junio de 2021, en línea con la resolución 73/191 (2018) de la Asamblea General, impulsada por Colombia y Perú, reconoce la corrupción como una amenaza a la estabilidad y la seguridad de las sociedades.
Dicho documento también destaca el rol de actores como la sociedad civil, los medios y las personas denunciantes en la detección y el reporte de la corrupción y establece una serie de pasos para poner fin a la impunidad de los delitos relacionados con la corrupción, como por ejemplo: autoridades de aplicación de la ley fuertes e independientes; creación de capacidades y cooperación efectiva entre las autoridades.
UNODC, como guardiana de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) priorizará acciones en cuatro áreas temáticas en América Latina y el Caribe:

a) lucha contra la corrupción y los delitos económicos;

b) abordaje del problema mundial de las drogas;

c) combate a la delincuencia organizada transnacional; y

d) fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal.

Sin embargo, la complejidad de estas áreas temáticas hace imposible trabajar en ellas de forma aislada. Por el contrario, durante implementación se hará todo lo posible por comprender y abordar mejor los vínculos e interacciones entre estas áreas.