Si bien la mayoría de los países de la región han realizado modificaciones importantes a sus legislaciones, uno de los mayores retos de la región es mantener actualizados sus ordenamientos jurídicos en base a las recomendaciones de los organismos internacionales.
La mayoría de estos países cuentan con legislaciones conforme a los estándares internacionales, sin embargo, otro reto importante es la efectividad en la implementación de dichas normativas.
Dentro de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de todos los países de la región, una amenaza recurrente es la corrupción y su vinculación directa con el blanqueo de capitales.
En los estudios de tipologías y tendencias de la región se observa que los delincuentes evolucionan constantemente y, en este sentido, migran sus acciones hacia los sectores menos controlados. Tomando en cuenta que el sector financiero cuenta con normas que limitan y obstaculizan el acceso a la plataforma de los servicios financieros de los países, se ha identificado que los sectores de mayor riesgo son los entes no financieros.
Dentro de la gama de servicios que brinda el sector no financiero se destacan unos que, regionalmente, han sido los de mayor riesgo: abogados o agentes residentes que constituyen personas jurídicas, el sector inmobiliario (bienes raíces), construcción, así como las Zonas Libres de Comercio y Zonas Francas.
La creación y uso de personas y estructuras jurídicas se ha convertido en una herramienta de ocultamiento y anonimato para los corruptos y blanqueadores de dinero, por lo que se han creado leyes para identificar a los beneficiarios finales y verdaderos dueños de estas, es decir, a las personas naturales, conforme a las exigencias y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
También se han creado Registros de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas para brindar información a las autoridades competentes encargadas de prevenir, investigar y procesar estos delitos. Los países que han adoptado este tipo de registro tienen el reto de que, con esta implementación, se mitigue el alto riesgo que representan las personas jurídicas como herramientas susceptibles de ser utilizadas para actos de corrupción y, por ende, para el lavado de activos.
En cuanto a la persecución de la corrupción y el blanqueo de capitales a través de la creación y uso de personas jurídicas, la mayoría de las legislaciones de nuestros países incluyen dentro de su ordenamiento jurídico la responsabilidad penal por la creación y uso de personas jurídicas para cometer actos criminales, incluyendo los delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
Sin embargo, en la práctica, se observa un bajo número de personas jurídicas que sean investigadas, procesadas y, por ende, condenadas. Un reto importante para nuestra oficina es otorgar a las autoridades competentes las herramientas necesarias para orientar y promover la implementación de las normativas nacionales en línea con los estándares internacionales y responsabilizar a las personas jurídicas por su creación y/o utilización para la comisión de los delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
La mayoría de los países cuenta con legislaciones para luchar y combatir contra estos flagelos, sin embargo, muchas veces se muestra un bajo nivel de efectividad en su implementación. Y este es un gran reto para nuestros países.
